jueves, 4 de junio de 2015

Crisis en Derecho

Es difícil decir algo sobre lo que sucede en la Facultad de Ciencias Jurídicas (en la Universidad toda) sin ver que puede ser tomado como un uso político. Estoy tranquilo con que hay una coherencia entre lo que puedo expresar ahora y lo que dije durante mucho tiempo, antes de recibirme, y antes de ver cerradas todas las puertas académicas (por suerte hay ventanas y hologramas, y uno se puede bancar que lo estén caminando con la carrera docente). [Vean las etiquetas de este posteo]

Pero igual, no es momento de sacar rédito político.

No voy a repetir lo que se dijo en esta suerte de asamblea que tuvimos hoy (excede una reunión meramente informativa). No voy a repetir que en cada uno de esos libros que se arruinaron se va el prestigio de la Universidad toda. No voy a repetir que en este tema no se puede dejar de considerar que hay toda una estructura política universitaria involucrada y que no puede ni debe ser despegada del asunto. No voy a insistir con que es saludable que -después de tanto tiempo- mucha gente haya dejado de mirar hacia el costado ante la impunidad y ausencia de escrúpulos de las prácticas de dicha estructura (en todos sus niveles).

Lo único que sí merece ser repetido, hasta el hartazgo, y sin que ello desmerezca lo hecho por los docentes que tomaron cartas en el asunto, son estas cuatro palabras:

Gracias, Silvia; gracias, Lidia.

martes, 3 de febrero de 2015

Eurídice y Orfeo

Cuenta el mito que Orfeo descendió al Infierno a buscar a Eurídice. Cuenta el mito, también, que semejante amor no tuvo comparación. Orfeo enfrenta mil demonios para rescatar de esas oscuridades a Eurídice, y Hades accede, pero con una condición: el amante no debía darse vuelta para mirarla hasta que ella no hubiera dejado el infierno.

Por ese mismo amor Orfeo accede a tal empresa, y comienzan a regresar. No la mira, pero en definitiva la está acompañando, a ella, a su Eurídice, en ese tránsito de salir del infierno. La quiere con él, y por eso la quiere sacar de esas tinieblas. La acompaña, porque si bien él también ha entrado allí, con sus melodías puede calmar a los demonios y aplacar los tormentos.

“Just wait until it's over
Wait until it's through
And if I call for you
Oh, Orpheus
Just sing for me all night
We'll wait until it's over
Wait until it's through” *


Orfeo sufre. Camina delante de su amor, con la fe de que el señor del inframundo ha de cumplir su promesa, con la fe de que ella lo sigue. Camina con la sola esperanza de que -ahora- ambos salgan de ese infierno para ser felices.

“Hey, Orpheus
De l'autre côté de l'eau
Comme un écho
Just wait until it's over
Wait until it's through .
And if I shout for you
Never doubt
Don't turn around too soon
Just wait until it's over
Wait until it's through” *


Y cuando se sabe afuera, cuando se sabe vencedor de sus demonios, Orfeo cree que Eurídice está allí, pegada detrás de él. Gira para amarla, pero ella no está. Aún permanece en las tinieblas: lo había seguido, pero no tan de cerca como esperaba.

En ese instante, ese momento inquisidor, en que él se plantea si ella abandonó su infierno y está dispuesta a unirse a él, ese segundo en que él creyó haber vencido los demonios de ambos a la vez, ese presente... es el último. Eurídice se desvanece nuevamente en la oscuridad.

“We stood beside
A frozen sea
I saw you out
In front of me
Reflected light
A hollow moon
Oh Orpheus, Eurydice
It’s over too soon” *


Ella, o lo que él soñó que era ella. Porque probablemente, como enseñara el sabio Platón, los demonios le vendieron a Orfeo nada más que una aparición se su amada: nunca la liberaron.

Orfeo la ve desvanecerse. Se desgarra por dentro. Sabe que las esperanzas que le quedan se van con ese espectro. Orfeo se resigna, petrifica su corazón. Cuenta la leyenda que eso luego lo hizo morir despedazado. Cuenta la realidad que yo hoy entiendo completamente a Orfeo.

“Seems like a big deal now
But you will get over
Seems like a big deal now
But you will get over
When you get over
And when you get older
Then you will discover
That it's never over.” *


* Arcade Fire, “It's Never Over (Oh Orpheus)”, extracto de la letra adaptado al relato. Letra completa, acá; audio completo, acá.

lunes, 2 de febrero de 2015

El ángel del 8B

8B. Allí fue nuestro primer encuentro. Justo cuando ella estaba entrando a su fila de asientos, me asomé yo señalándole que la ventanilla era mi butaca. Educado, pero resuelto, tomé mi asiento para mirar el alba.

Fue cuando apagué el celular que ella me preguntó si estaba prohibido usarlos. Le comenté, con resignación, que no tuve nunca un vuelo en que me dejen, pero que pronto la tripulación nos diría si se podía o no.

La joven tendría alrededor de 22 años. Cabello largo, castaño y ondulado, con un discreto flequillo. Ojos color café, de mirada brillante y simpática. Rostro pecoso, con una sonrisa blanca enorme en los labios. Una mujercita de metro sesenta, con remera blanca y pantalón cargo.

Iniciamos el vuelo, y yo me abstraje en una maraña de sueño, música en auriculares, y miradas al horizonte buscando el amanecer para fotografiarlo. Pero pronto fui viendo la fascinación de mi compañera de vuelo por ese paisaje. No me animé a preguntarle si era la primera vez que volaba, para no faltarle el respeto. Sin embargo, a mitad de vuelo ya le ofrecí cambiarle el asiento: era obvio que ella estaba disfrutando más la ventanilla que yo, que la estaba ocupando.

Su interés pronto me empezó a resultar simpático, y cuando llegamos a estas tierras se las empecé a enseñar desde el aire, haciendo gala de los únicos privilegios que tenía en esa instancia. Comenzamos un intermitente diálogo, generalmente referido a lo que yo iba encontrando en tierra y que le iba anunciando; diálogo que se interrumpía cuando ella se inclinaba sobre mí para ver lo que aparecía a través de la ventanilla, o cuando se inclinaba hacia el pasillo para ver por la otra hilera de ventanas. Así pude ver que por debajo de su remera asomaban dos alas de ángel tatuadas a lo largo de su espalda.

Bajamos en el aeropuerto, y comencé a debatirme como siempre. La acompañé hasta la cinta transportadora, pero los equipajes nos fueron alejando. Poco a poco empecé a poner distancia con ella. Una parte de mí pretendía continuar el diálogo, preguntarle si viajaba sola, si tenía cómo llegar a Trelew... En fin, esa parte latente pero minoritaria de mí que resulta sociable y audaz, y que se expone a las sucesivas heridas. Sin embargo, terminé alejándome, en silencio, ignorándola, a través de la puerta automática.

En el taxi me intenté vender la excusa de que necesitaba descansar, que había hecho bien en venirme a dormir, que había evitado salir -una vez más- lastimado.

Y mientras tanto, puede que haya dejado en el aeropuerto a un ángel por conocer. Ese ángel del que apenas sé que era de La Matanza, que a los fines prácticos es lo mismo que la nada. Del que sé que era de La Matanza, y que era hermosa.

lunes, 13 de octubre de 2014

Cuando la Justicia falló

Es una reiteración, pero nunca está de más. Participar en el juicio por el abuso cometido a un adolescente en la Comisaría Seccional Segunda de Trelew en 2012 fue la experiencia profesional más importante que he tenido hasta el momento. Importante por el crecimiento de uno como abogado, trascendente por el dolor que uno encontró en las personas de carne y hueso que están debajo del expediente, indispensable para ver cómo las caretas académicas se desvanecen a la hora de administrar el poder político del Estado desde un estrado.

Cuando en este blog hablamos tras la sentencia absolutoria (acá), dije que me estaba vedado opinar hasta tanto no recurriéramos la sentencia. Ese fallo (en cualesquiera de sus acepciones) fue recurrido -tengo el orgullo de que me hayan confiado una parte de dicha tarea, mínima pero igualmente enriquecedora-, y hace pocos días el Superior Tribunal de Justicia del Chubut lo anuló por arbitrario.

La sentencia del Superior viene a reivindicar a la víctima. Abusada por policías, burlada por los jueces, mancillada por defensores y medios. Es cierto, de la corte provincial no podemos esperar la revolución. Había mucho para decir del fallo del tribunal de juicio, pero el lenguaje cuidado y técnico (¿político?) del Superior no avanza mucho, se mantiene en un campo de deferencia vertical para con los jueces.

Sin embargo, no era razonable esperar que los Ministros dijeran lo que uno quiere decir. No van a decir que la sentencia es cínica; que es una brutalidad; que -además de arbitraria- es una burla, un vejamen, una afrenta a la víctima y su familia, y una falta de respeto para con la ciudadanía. Una legitimación de la violencia institucional.

No es una colección de improperios. Es una descripción bastante fiel de su texto. Hoy el caso es público, ya que Pochi así lo decidió a sus 18 años, para que lo que le pasó a él se sepa “y no le pase el día de mañana a otros chicos”.

Uno de los jueces de primera instancia, en su voto, dijo que eran “demasiados indicios los que nos echan por tierra la veracidad de los dichos de M.D.A. y, desde la sana crítica, en modo alguno pueden ser pasados por alto” para desacreditar el relato de la víctima. Indicios como, por ejemplo, el que a los sentenciantes les hubiera “llamado mucho la atención una de las hojas de la historia clínica de la víctima aportada por el M.P.F. y que refiere a una atención médica recibida por M.D.A. en fecha 23/03/06 porque refería dolor en articulaciones. En esa oportunidad, la médica que lo atendió consignó textualmente: 'madre refiere que el niño es fabulador'”. Ese indicio, para sostener que no le quisieron creer un abuso ocurrido en 2012 en una Comisaría, por policías (e ignorando el psicodiagnóstico en el que peritos psicólogos de ambas partes dijeron que el relato era creíble).

Otro, en tanto, habló sobre “otra circunstancia que vuelve a hacer desestabilizar la teoría acusadora: la posible data de la lesión”, desarrollando la siguiente perversión: “De esta manera, si calculamos 48 horas antes del momento de la revisión médica (no olvidar: efectuada el día 19 de enero a las 12:50 hs.), la lesión pudo válidamente ser producida a partir del día 17 de enero a las 12:51 hs. y hasta 24 horas de la realización del examen. Concretamente, ajustándonos una vez más a las conclusiones médicas y las conclusiones deducidas de la misma prueba producida en juicio, lo cierto es que esas lesiones bien pudieron producirse en las casi 18 horas antes de esos 10 o 15 minutos en que dicha acción fuera posible, o entre esos 25 o 27 minutos es cuando habría acontecido lo denunciado por P., o directamente en que el joven permaneciera esos 50 o 52 minutos detenido en la Seccional Segunda. (...) Es tan posible que las lesiones hayan sido producidas en el momento y del modo en que la presunta víctima lo denuncia, como tan posible es que no”. Y, optando sin más por no creer en la víctima, se decide por el no. En el medio, derribó todo lo ventilado en el juicio (por ejemplo, filmaciones incluso de cámaras de vigilancia policiales) y la interpretación de los tiempos que hace la Medicina Legal (que no es una ciencia exacta).

Por su parte, el tercero, al eludir la autoría de los hechos, habló de que la víctima, en los reconocimientos en rueda de personas, “se mostró sumamente dubitativo, solicitando inicialmente que cambiaran de flanco, para observar a los integrante de la rueda de un y otro lado, pidió también que se quitaran la gorra, y luego que extiendan las manos, logrando finalmente identificarlo 'por el anillo' (alianza) pese a que como él mismo reconoció, ya conocía con anterioridad”, siendo indiferente a todo el contexto del reconocimiento (cuya filmación se mostró en el juicio), y a los reconocimientos positivos de otros testigos, que estallaron en llantos al ver al principal imputado, con su anillo, entre otros sujetos -que, por cierto, en todas las ruedas también tenían anillos-. Reconocimientos positivos, pero dubitativos en la opinión del juez.

Con párrafos así, ¿cómo no utilizar el catálogo de adjetivos que antes se utilizó? Describen con bastante fidelidad lo que significa esa sentencia.

El control republicano sobre quienes ejercen poder político requiere que este tipo de cosas se sepan. Lamentablemente, en su momento no se pudo por la menor edad de la víctima, quien recién pudo decidir sobre la trascendencia social del hecho que sufrió cuando el caso tramitaba ya en el Superior Tribunal.

La violencia institucional es un mal grave, una amenaza latente contra el orden democrático (cuyo principal objetivo es la protección de la dignidad humana). Las conductas políticas deben ser coherentes con el discurso enarbolado. Por eso, flaco favor le hacen a su control y eliminación los discursos académicos que no se siguen en la sala de audiencias.

Lo mismo rige para los eslóganes políticos que usan facciones irresponsables que terminan comportándose como grupos de choque, usando la violencia para reclamar contra un fenómeno al que amplían tanto que, como todo pasa a ser violencia institucional (aún hechos en los que no hay evidencia alguna de que se haya dado este mal), nada es violencia institucional. Quienes dicen luchar contra la impunidad no hacen más que abrirle paso al banalizar un problema tan grave como este.

Ni hablar cuando operadores del sistema, que debemos ser los que más empeño tienen que poner en sus conductas para sostener la democracia, se corrompen, y muestran una faceta demagógica, hipócrita, develando que jamás creyeron en los valores que decían sostener. En el equipo que participó del juicio tuvimos la desgracia de contar con una persona de esta clase, que luego mostró ser quien verdaderamente es, cuyo comportamiento ya está siendo analizado y ojalá se lo haga responsable del mismo.

Finalmente, unas palabras para ciertos medios. Amarillistas, mercenarios del rumor, comerciantes de la desinformación, que en su afán de vender no tienen ningún cuidado en no chequear informaciones, o lisa y llanamente mentir. De una cobertura relativa acerca del caso, pasaron a hacerse eco de las manifestaciones de los imputados absueltos cuando estalló el escándalo de corrupción denunciado hace un par de meses. Los policías desfilaron diciendo cualquier cosa (literalmente), favorecidos por que el juicio fue a puertas cerradas. Desde ese “periodismo” jamás se chequeó la veracidad de eso que decían. Y finalmente, cuando el Superior dice que ese fallo que los absolvió -y que usaron como bandera en la feria americana que armó el medio para vender- es nulo, no fueron capaces siquiera de levantar la noticia. Toda una manifestación de (sus) principios.

Seguiremos en la lucha. Hay que reeditar un juicio en que se probará que Pochi no mintió, ni tiene por qué hacerlo. Y donde se probará, una vez más y con nuestro acompañamiento, que sigue luchando contra la adversidad día a día. Tanto como lo hace arriba del ring.

miércoles, 17 de septiembre de 2014

Sueños de libertad

Era de noche y en la playa ya hacía frío. Con miedo a perder el último, decidí tomar el primer colectivo que encontré. Era uno urbano, de asientos plásticos y pasillo ancho. Con naturalidad, me ubiqué en la hilera de asientos individuales. Allí donde nos sentamos las almas solitarias, quienes no tenemos a nadie en el mundo.

Sí, es cierto, siempre hay alguien. Pero no me refería a ermitaños o ascetas. De lo que hablaba es de esa más profunda intimidad, ese lugar dentro de uno, presidio regenteado por los propios fantasmas, donde, cuando cerramos la puerta, servimos la mesa, abrimos la cama, soñamos con el amor, donde en esos momentos no tenemos absolutamente a nadie.

En un colectivo, el desván en que nos abandonamos es esa fila solitaria, alejada de las parejas de asientos (y de las parejas en los asientos), cercana a una ventanilla que mira a todas partes y a ninguna en particular. Una ventanilla que mira cómo pasa -inalcanzable- el espacio, y el tiempo. Una fila que no nos es exclusiva (justamente, nunca tenemos nada, la exclusividad no es algo nuestro), pero a la que estamos determinados a ocupar.

Hasta que, en la última parada antes de salir del balneario, subió ella.

Alta y esbelta, con sus calzas negras, su buzo fucsia atado a la cintura y su campera de jean, caminó por el pasillo sin reparar en su alrededor. Su piel, de una claridad casi perfecta: no había peca o lunar distinguible. Ojos castaños claros, pómulos suavemente marcados, labios rectos y delicados, discretos en su rosa pálido. Cargaba una carpeta roja y un bolso de tela color crema, que apoyó junto a mi pie. Se sentó justo delante mío, en la misma hilera.

A poco de andar de nuevo el colectivo, su perfume dulzón comenzó a embriagarme. No tenía a la vista de ella más que sus pequeños hombros, bajo su campera azul; su pelo lacio y castaño oscuro, largo y atado con un chuflín elástico blanco, que caía con pocas ondas por sobre una pequeña capucha de tela trama leopardo.

Sin embargo, seguía siendo ella.

Cierta música, mi única compañera habitual, venía conmigo en la noche. Sentí que me interpelaba, que exigía de mí alguna respuesta. Ella estaba allí, poniendo entre paréntesis mis oídos, llevando letras en un idioma no del todo comprensible, y llenándome de melodías, aguardando mi decisión.

Me incliné hacia adelante, acercándome al asiento de ella. Me saqué un auricular, extendí la mano, y se lo coloqué en su pequeña y fría oreja. No había allí aros, casi tampoco lóbulo.

Hubo un pequeño sobresalto, seguido de una risa mal contenida. Pronto, apenas de perfil, mirándonos por el reflejo del vidrio de la ventanilla, cerró sus labios sin perder la sonrisa. Y seguimos, escuchando la música, mientras mirábamos al frente: yo a ella, y ella al futuro. Mi mano sostuvo unos segundos el auricular, como pretexto para después acariciar su mejilla, y -finalmente- dejarla descansar sobre su hombro y el respaldo del asiento.

Un bache traicionero en la indolente velocidad del conductor hizo que su auricular cayera. Mi mano lo retuvo entre el cuello de su campera y su piel.

Fue allí cuando su mano tomó la mía. Sus ojos brillaron al darse vuelta y mirarme, inquisidora y sin soltar la suave amarra que me había puesto con esos dedos delgados, de uñas esmaltadas y apenas crecidas.

- “¿Hasta adónde vamos?” - preguntó.



Son las 6 de la mañana. Despierto disfrutando de su aroma de rosas. Como en el primer momento en que la vi en ese colectivo. Disfrutando el placer de su bella presencia.

Atormentado, por el recuerdo de un sueño más.

Otro sueño de libertad.

viernes, 9 de mayo de 2014

La corbata y su Juez. Crónica y análisis del #CorbataGate.

Las líneas que siguen tratan de ser un análisis jurídico y político de un hecho de suma gravedad que, sin embargo, no pasó de ser una nota de color prontamente caída en el olvido. Aquí se trata de resaltar la gravedad de una decisión arbitraria, haciendo un bosquejo de por qué lo sería. Pido paciencia a los lectores, porque al tener que explicar muchas cosas que son obvias (justamente, las desconocidas por el Juez), el texto ha ganado párrafos que en condiciones normales no deberían estar.

1) Cobertura mediática.

Hace ya casi 3 meses una noticia invadió por momentos los medios a nivel local, nacional, e -incluso- internacional. Leyendo las repercusiones internacionales, que levantaban alguna edición web nacional, podemos concluir que el hecho tuvo la cobertura mediática que tienen noticias incomprobables tales como el avistamiento de un ovni, la muerte de alguna persona en las fauces de algún animal exótico en una jungla tropical, o similar. De cobertura seria, poco y nada.

Es decir (y esto explica en buena medida el olvido de la cuestión), no fue más allá de una nota de color.

Ante este estado de cosas, la situación fue aprovechada por algunos de los actores para llevar agua a su propio molino, en el marco de pujas políticas que van desde lo partidario a lo meramente corporativo dentro de la institución judicial y del gremio profesional. La crítica al Juez se transformó por momentos en una burla (no se puede decir que eso haya sido inesperado, y fue una alternativa tentadora para todos nosotros). También nos encontramos ante una idealización del abogado des-corbatado, siendo que lo sucedido no es mérito suficiente como para calificar ninguna conducta (menos personas) como heroica.

Otras reacciones incluyeron críticas a la corbata y su rol como símbolo patriarcal -sí, hasta ese punto de desperdicio de energías llegamos- y demás cuestiones referidas a vestimenta y moda. En este punto adelanto que, en lo que sigue, trataré de analizar el caso con prescindencia de la evaluación estética de la corbata que, lejos de disgustarme, es un accesorio que me gusta y que habitualmente uso. Como accesorio, del mismo modo que otra gente tiene aros, tatuajes, o pelo teñido.

Sin embargo, todas esas reacciones interesadas que mencionamos párrafos antes impidieron que realmente se tome conciencia de la gravedad del asunto. Sólo lo que he de denominar “academia digital” (autores, docentes y magistrados judiciales, con relevancia en blogs y redes sociales) se expresó en orden a la flagrante arbitrariedad de la resolución judicial, y a las consecuencias que dicho acto debía tener. En algunos casos, reclamando directamente la destitución del Juez.

2) La crónica del caso concreto: #CorbataGate.

Lo que detonó este escándalo -término apropiado, más allá de lo flojo de la cobertura y del olvido actual- fue el intento del Juez Penal de Trelew Darío Arguiano de impedir el inicio de una audiencia de debate el día 19 de febrero pasado (que se debía desarrollar en el marco de la Carpeta 3535, en la cual presidía el tribunal) porque una de las partes (el abogado querellante, Oscar Romero) se hallaba presente en la sala de audiencias sin vestir corbata.

De la cobertura mediática extraemos que ante el planteo judicial, el abogado se negó a ponerse corbata alguna, argumentando que no había fundamento legal para esa imposición, y que lo hacía no solo como parte en el proceso puntual, sino por indicación del Colegio Público de Abogados -que él preside-, como consecuencia de los antecedentes de público y notorio conocimiento acerca de este capricho del Juez (lo de capricho es una acotación mía, en un adelanto de mi opinión). El Juez interrumpió la audiencia y, tras generar un supuesto incidente por la conducta de letrado para ser elevado al Superior Tribunal, se reinició la audiencia. Con un abogado sin corbata.

Hubiera sido muy interesante poder escuchar con detenimiento tanto los argumentos del abogado, como los fundamentos que planteó el Juez para suspender la audiencia. Lamentablemente, el registro de la audiencia que debe llevar la Oficina Judicial en este caso puntual no tiene audio. Solo podemos acceder a una suerte de cine mudo en el cual vemos al Tribunal (o su Presidente) y al abogado debatiendo con aparente vehemencia al inicio de la audiencia.

El cine mudo de la Oficina Judicial nos permite suponer (dada la calidad de la filmación) que el abogado en cuestión viste saco negro y camisa blanca. Nada del otro mundo. Esto, atendiendo al argumento del Juez de que con esa vestimenta estaba incumpliendo con la debida seriedad a guardar en el marco de una audiencia judicial.

Pareciera que nos encontramos en un callejón sin salida, en el cual nos será imposible continuar argumentando respecto a este hecho tan patético. Pues no, por suerte siempre se puede acceder a antecedentes, ya que -como se dijo- es de público y notorio conocimiento en este foro que el magistrado en cuestión siempre ha hecho esto.

Dicho Juez se ha cansado -es un decir, no lo escribo con estadísticas en la mano- de suspender audiencias por la falta de corbatas, al punto de que algunos rumores que por desgracia no pudimos confirmar (o descartar) llegan a plantear que cierta vez habría exigido ese requisito a una víctima de un delito (no ya a los litigantes). Por lo demás, el chiste típico que se hacen los magistrados y funcionarios del foro local ante un colega sin corbata, que escucho desde que ingresé al poder judicial, es “¡Mirá si te toca audiencia con Arguiano!”, y similares.

Ya que de una cuestión formal se trata para el Juez, su exigencia ha llegado al punto de lograr que abogados vayan a sus audiencias con chomba (debajo del saco) y corbata. Pareciera que la exigencia de que pretende imponer el magistrado no es una vestimenta formal, algo estético, sino solamente la corbata. Ojalá estuviera haciendo una caricatura. Pero no, es una descripción de lo que podríamos llamar “comprobación empírica”.

Por suerte, no costó mucho acceder a algún antecedente concreto de estas decisiones. El propio Oscar Romero viralizó en redes sociales la filmación de otra audiencia (esta vez, con audio), la cual Arguiano suspende porque uno de los letrados (que se pretendía constituir como querellante en esa instancia, representando a otra víctima de un delito) estaba sin corbata.

Sin embargo, la publicación no tenía por objeto analizar los argumentos, sino caricaturizar al magistrado, por lo que -sin referencia ni cita alguna- se limitaba a mostrar la primera parte de la audiencia, concluyendo ese fragmento con un Juez iracundo que suspende la audiencia con un fuerte (y bochornoso) golpe de martillo sobre la mesa.

Mi objetivo en esta nota sí es analizar los argumentos del magistrado, y refutarlos. Por lo que se hacía imperioso tener citas, lo que se pudo obtener con una breve investigación.

Esta última audiencia que mencionamos corresponde a la Carpeta 3706 de la Oficina Judicial, y se desarrolló el día 4 de junio de 2012. En ella, se iba a discutir la intervención de un familiar de una víctima de homicidio como querellante en el caso, patrocinada por la circunstancial víctima del magistrado corbatero.

Por principio general esa audiencia fue pública. Así se puede inferir del juego de los artículos 46 de la Constitución del Chubut; 2° y 23 del Código Procesal Penal (CPP); y de lo que expone la Doctrina al referirse a otros códigos adjetivos. En ese sentido, Ricardo Levene (h), en su “Manual de Derecho Procesal Penal” -Tomo I, Depalma, 1993, pg. 117- tiene escrito que “(L)a publicidad es también de la esencia de la forma republicana de gobierno, pues facilita la fiscalización, no sólo de las partes, sino del pueblo que asiste a los debates, es decir, que se traduce en una mayor garantía para todos los ciudadanos, sin perjuicio de que obliga al magistrado, lo mismo que a los profesionales, a superarse en la labor diaria, estimulados por la opinión pública, acrecentándose así también su responsabilidad, que de tal manera podrá hacerse efectiva más fácilmente.”

Mencionadas las citas normativas, cabe transcribirlas (en sus partes pertinentes):

Constitución del Chubut, artículo 46:

“Los procedimientos judiciales, el sumario y la prueba son públicos en todos los casos salvo aquéllos en que la publicidad afecte la moral o la seguridad pública. La resolución es motivada. (...)”

Código Procesal Penal:

Artículo 2º -Debido proceso- Nadie puede ser condenado, penado o sometido a una medida de seguridad y corrección si no es por sentencia firme dictada luego de habérsele concedido adecuada oportunidad de ser oído, en condiciones de estricta igualdad con su acusador, en juicio con debate oral y público, y plena vigencia de la inmediación, contradicción e identidad física de los integrantes del tribunal, conforme con las previsiones de este Código, y con observancia de todas las demás garantías previstas para las personas y de las facultades y los derechos del imputado [Artículo 44, II, C.Ch.]. (...)”

Artículo 23 - Principio de Publicidad. Reserva de actuaciones - Está prohibido el secreto de las actuaciones. Sólo en los casos y por los motivos autorizados por la Constitución [Artículo 46, I, C.Ch.], el juez podrá disponer, con la debida fundamentación, la reserva de algún acto particular, siempre por un tiempo limitado, que no podrá exceder los diez días. Para ampliar la reserva deberá solicitar autorización de un colegio de dos jueces penales.

“Todas las audiencias serán públicas, salvo las excepciones expresamente previstas en la Constitución [Artículo 46, I, C.Ch.] y en este Código.”


En contexto, la audiencia a la que nos referiremos no es, como la de la Carpeta 3535, de un debate sino que se dio una vez finalizada la etapa de investigación penal preparatoria, y tampoco nos encontramos -entiendo- en el marco de la reserva que prevé el artículo 257 del CPP (reserva de las actuaciones para extraños al procedimiento, es decir, quienes no son parte). Y, por contrario, quedamos regidos por el artículo 281 del CPP que textualmente impone que “(E)l procedimiento preparatorio será público para las partes o sus representantes, pero no para los terceros, salvo las audiencias orales.” (El destacado es mío.)

Más allá de estas prevenciones, creo innecesario entrar a ahondar en detalles periféricos que revelen hechos concretos del caso, los que a los fines de este artículo no interesan. Por eso, me voy a limitar a la siguiente transcripción del audio de la audiencia:

(Se inicia la audiencia y se presentan las partes.)

Arguiano: “Si. Señor... Doctor [se dirige al pretenso querellante], discúlpeme. Usted está sin corbata. Y en mis audiencias yo no admito a nadie sin corbata. Porque si yo, que soy el juez, vengo adecuadamente vestido para la circunstancia, no voy a admitir que una parte venga en menor condición. [La ira del Juez a esta altura es desembozada] Así que, razón por la cual la audiencia del día de la fecha habrá de ser suspendida. Bien. Así queda resuelto.” [Revienta el martillo contra la mesa.]

(Cuarto intermedio. Hasta aquí llegaba el video viralizado, omitiendo la parte más sustancial de la decisión arbitraria del Juez, que es su fundamentación.)

Arguiano: “Bien. Subsanado el inconveniente técnico, le voy a pedir entonces al pretenso querellante que, a los efectos de dejar constancia en el audio, dé a conocer su representación.”

(El abogado nuevamente se presenta, e invoca su condición de pretenso querellante) “Perdón, Doctor, quería pedirle mil disculpas por... ”

Arguiano: “No hay problema, son cosas que pasan. Lo que ocurre es que yo entiendo, sinceramente, que esta cuestión light en que ha entrado la Justicia no va con... con mis pocas canas, porque me queda poco pelo, pero en verdad, me parece que es un despropósito realmente, que no corresponde. Y le pido también yo disculpas, a lo mejor actué en forma violenta, pero la verdad es que me pone de muy mal carácter.”

Y a partir de allí sí continúa dicha audiencia, con el pretenso querellante ya con corbata, y discutiendo cuestiones propias de esa investigación penal y que no hacen al tema aquí bajo análisis.

Del juego de lo que se acaba de transcribir, y de lo que trascendió a través de los medios respecto a la audiencia de febrero de este año (donde se decía que el Juez había hecho hincapié en la incompatibilidad entre la falta de corbata y la seriedad o decoro que los presentes deben guardar en dicho acto procesal) podemos establecer que la “cuestión light” se refiere a un relajamiento de formas solemnes que harían a la seriedad y el orden en la celebración de audiencias judiciales.

Esta última conclusión contrasta con la propia actitud de Arguiano en otras circunstancias. Así, por ejemplo, en la ya citada Carpeta 3535 (de cuya audiencia inicial no tenemos audio, y en el marco de la cual se produjo el episodio bochornoso que catapultó su habitual modus operandi al público -aunque fugaz- conocimiento) ocurrió con posterioridad, en la audiencia del día 15 de abril, otro episodio escandaloso. Uno de los imputados estalla (o actúa, no queda claro) en gritos e insultos contra uno de los querellantes en plena audiencia, y apenas es retenido en su avance hacia el letrado. El Juez en cuestión, presidente del tribunal, tarda 45 segundos en decir palabra alguna, llamando al orden con un léxico diplomático, tenue, casi propio de la ONU, y para cuando el imputado había sido retirado de la sala de audiencias por terceros. Ante semejante afectación del orden en una audiencia, el magistrado no ejerció su autoridad para restablecerlo, incumpliendo la manda esta vez expresa del artículo 311 del CPP, la de ejercer el “poder de disciplina” ante el incumplimiento por una de las partes de los deberes que le impone el artículo 312, dada la adopción de un “comportamiento intimidatorio”, y la “generación de disturbios”.

De modo que, ante una corbata ausente (supuesto no contemplado por la ley como veremos más adelante), el Juez se indigna al punto de la violencia manifiesta, mientras que para imponer el orden en un ejemplo de manual, guarda una actitud pasiva, timorata.

Cabe hacer un paréntesis, y mencionar algo al pasar: a los únicos a los que este Juez no les impone lo que él entiende como una vestimenta “formal, acorde a la seriedad de la audiencia”, es a los imputados. Los imputados son tan parte en la audiencia como el resto, y sin embargo, a ellos no se lo exige (o al menos no en los casos con los que tuvimos contacto). Desde otro prisma, esto es también grave, ya que parece imponer una imagen estereotipada del imputado, supuestamente ajena a la seriedad y el decoro, y sometiéndolo a un rol diferenciado, como si no fuera parte de ese acto procesal.

3) La arbitrariedad de exigir la corbata como requisito formal.

Repasemos aquí, una vez más, cuáles fueron los argumentos de Arguiano en una audiencia de la cual sí tenemos audio, y acerca de por qué sin corbatas no se pueden hacer las audiencias. Sus palabras textuales, al dar cuenta de la decisión tomada minutos antes al suspender -vía mazazo teatral- la audiencia, fueron: “(...) Lo que ocurre es que yo entiendo, sinceramente, que esta cuestión light en que ha entrado la Justicia no va con... con mis pocas canas, porque me queda poco pelo, pero en verdad, me parece que es un despropósito realmente, que no corresponde. Y le pido también yo disculpas, a lo mejor actué en forma violenta, pero la verdad es que me pone de muy mal carácter.”

Si uno se pregunta por qué suspendió una audiencia a raíz de que un abogado estaba sin corbata, la respuesta es eso que se acaba de transcribir. Y allí nos encontramos con que los argumentos son puras opiniones y gustos del magistrado. No da una sola razón jurídica atendible, sino que habla de que la “cuestión light” (a la que etiqueta, pero no describe) no va con su personalidad, y por ello le parece un despropósito.

Más claro caso de un funcionario resolviendo conforme su voluntad, su arbitrio, sin consideración alguna por la lógica, los argumentos, ni la letra de la ley, no podíamos encontrar. De hecho, en este caso concreto que pudimos rastrear, no hace siquiera referencia a fundamento normativo alguno. Según trascendió de la otra audiencia, la del cine mudo de la Carpeta 3535, allí sí lo habría hecho, citando el artículo 310 del CPP.

Algo ya se fue adelantando, pero conviene -para tenerlos presentes- transcribir lo que dicen tres artículos del Código Procesal Penal del Chubut (Ley XV-9), en los fragmentos pertinentes a los fines de esta exposición:

Artículo 310 -Restricciones para el acceso. Medios de información- (...) Se negará el acceso a cualquier persona que se presentare en forma incompatible con la seriedad de la audiencia. (...)”

Artículo 311 -Dirección del debate y poder de policía- Quien presida dirigirá la audiencia (...).

“También ejercerá el poder de disciplina.”

Artículo 312 -Deberes de los asistentes- Quienes asistieren a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formule. No podrán portar armas u otros elementos aptos para molestar u ofender, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos.”


Continuemos, entonces, ahora haciendo foco en que el Juez habría resuelto en la audiencia no registrada (ignoró la ley en la que pudimos encontrar como antecedente y que transcribiéramos oportunamente) fundando su decisión en que el abogado, por carecer de corbata, no se había presentado a la audiencia en forma compatible con la seriedad que merece ese acto procesal.

La Real Academia de la Lengua Española, en su vigésimo segunda edición, define “seriedad” como “cualidad de serio”, explayándose en el significado de dicho adjetivo a través de acepciones como “(g)rave, sentado y compuesto en las acciones y en el modo de proceder”, o “contrapuesto a jocoso o bufo”.

Reitero el pedido que hice al principio al lector: paciencia. Como se dijo, estoy explicando lo obvio, pero justamente es lo obvio lo que ha eludido el Juez, y por eso es necesario ponerlo en evidencia.

La seriedad de la que habla el CPP entonces, y que se requiere para la celebración de una audiencia, no es otra que la propia de un trato respetuoso para con el resto de las partes o intervinientes en el acto, y para con la institución. Creo que -incluso- a esa idea apunta Martín Böhmer cuando aquí habla de que los profesionales del Derecho deben vestir con dignidad y decoro en los tribunales. Es la idea de gravedad, de circunspección, ínsitas en el vocablo “serio”. Es guardar el debido respeto para con los terceros que se hallan en ese mismo recinto: para con la víctima del delito; para con el aún inocente que ha sido vinculado a un proceso penal; para con la autoridad judicial que va a ser la que resuelva el conflicto planteado aplicando la cuota de poder político que la ley le acuerda; para con el colega que litiga por la otra parte.

Hemos hablado de terceros, y eso nos lleva de cabeza al artículo 19 de la Constitución Nacional (CN). Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden ni perjudiquen a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados (cita republicana y no textual). El menoscabo de la integridad de un tercero, afectándolo moralmente, es un perjuicio ilegítimo, y por lo tanto, susceptible de ser censurado.

Ahora, ¿cuál es la afectación a la moral de un tercero que puede generar que un abogado vaya a una audiencia con saco, camisa, y sin corbata? Ninguno. No se trata del caso de una persona que concurre a una audiencia disfrazado de Batman, lo que sí quebrantaría todo decoro (considerando el marco en que no estamos moviendo, puede ser un atuendo muy elegante en una fiesta de disfraces), sino de quien se presenta vestido formalmente, aunque sin un accesorio.

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “(E)l hecho de no establecer un nexo razonable entre una conducta y el daño que causa, implica no distinguir las acciones que ofenden a la moral pública o perjudican a un tercero, de aquellas que pertenecen al campo estrictamente individual, haciéndose entonces caso omiso del art. 19 de la Constitución Nacional que, como queda dicho, obliga a efectuar tal distinción” (considerando 9° del voto mayoritario, en Fallos 308:1392).

Si llevamos al extremo el criterio de que la corbata es lo que garantiza la seriedad, caeríamos en una situación ridícula como que -en una audiencia por un hecho grave- una de las partes o el Juez se presente con una corbata con sucesiones de perfiles egipcios. O, como me ocurrió en particular, que una audiencia por homicidio me encuentre con una corbata puesta: una corbata de Looney Toones.

En ese caso, el decoro y la circunspección propios de la “seriedad” que debo guardar en una audiencia estaban más que cubiertos yendo sin corbata, cuando por contrario, ir con la corbata que tenía puesta era una ostensible falta de respeto a la familia de la persona asesinada. O sea, no es todo tan lineal como parece interpretarlo el Juez. La corbata no es más que un accesorio, siendo que lo que realmente resulta relevante a los fines de evaluar la seriedad de una parte es el todo, no solo su vestimenta, sino esencialmente su conducta para con terceros y el respeto debido a las circunstancias personales de ellos, y a las instituciones a las que se le ha dado intervención para gestionar el conflicto entre esos ciudadanos.

Repasemos, ante la duda, lo que disponen al respecto otros Códigos. El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 348, establece como obligación de los asistentes a una audiencia de debate que “(L)as personas que asisten a la audiencia deberán comportarse en forma respetuosa y en silencio. No se permitirán actitudes que perturben el normal desarrollo del debate.”

Sobre el mismo punto, el Código Procesal Penal de la Nación, en su artículo 369 nos dice que “(L)as personas que asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio; no podrán llevar armas u otras cosas aptas para molestar u ofender, ni adoptar una conducta intimidatoria, provocativa o contraria al orden y decoro debidos, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos.”

No encontré Doctrina abundante comentando estas normas. Tal vez sea por una deficiente investigación, pero más parece ser una norma soslayada por obvia. De las pocas referencias que encontré, se puede citar la que sigue: “El poder de policía en dichas audiencias [de debate] lo tiene el presidente del tribunal sobre todos los que asistan al acto, ya como público, ya como terceros citados.

“Es el que controla la obligación que tiene el público asistente a la audiencia de permanecer respetuosamente y en silencio; no pudiendo llevar armas u otras cosas aptas para molestar y ofender, ni adoptar una conducta intimidatoria, provocativa o contraria al orden y decoro debidos, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos (art. 369).”
(Jorge R. Moras Mom, "Manual de Derecho Procesal Penal". Abeledo-Perrot, 6a. edición (2004), página 333).

De este modo, para cerrar este apartado, queda descartado que el no uso de corbata en una audiencia pueda ser entendido como una falta de seriedad, de decoro, de dignidad por parte que quien no la cargue anudada al cuello. Sí lo sería, por ejemplo, una corbata ostensiblemente jocosa, con caricaturas, o una remera estampada con comics, o una camiseta de fútbol.

Eso, desde lo que es la interpretación razonable del término. A su vez, hay que sumarle que más allá de lo dicho, la ley en ningún momento la exige. Por lo cual, no cabe concluir otra cosa que la resolución del Juez no cumple con el requisito de razonabilidad de cualquier acto de gobierno, además de ser arbitraria porque no la fundamentó en la normativa, sino en su propia apreciación personal. En una valoración subjetiva, en una opinión que tiene como base sus gustos estéticos.

4) Reflexiones finales: la actividad de los jueces como ejercicio de poder político y el control republicano.

Los jueces ejercen un poder que está dado por la ley (expresión, en última instancia y prescindiendo de otras consideraciones que se pueden hacer en cuanto a la participación democrática de la ciudadanía), y que por ende es un poder político. Como ejercicio de poder político, una resolución judicial es un acto de gobierno.

Sentada así la base de que las resoluciones adoptadas por Arguiano respecto a las corbatas son actos de gobierno, quedan sujetas (como cualquiera de ellos, por imperio del principio republicano de gobierno) al control de la ciudadanía. Recordemos que la base de nuestro sistema se forma con dos principios, que son por un lado la soberanía del pueblo, y por el otro el imperio de la ley.

Ya hemos dicho en este ensayo que ese acto de gobierno desarrollado por nuestro Juez no es razonable y es arbitrario, de modo que es plenamente censurable por quienes deben ejercer el control del mismo. Es por eso que no puede omitirse la consideración de que deba serle requerida una responsabilidad funcional por dicha falta, o por la sucesión de faltas, sea respecto a las corbatas, o referidas a cuestiones técnicas más graves que eventualmente se le pudieran reprochar (v. gr., valoración arbitraria de la prueba).

Es por esta razón que era fundamental no sólo hacer público el hecho concreto, sino hacerlo con seriedad y profundidad, porque lo que está en juego no es ni más ni menos que la correcta administración de Justicia. Sin embargo, lo primero se ha hecho sin lo segundo, por lo que no se contribuyó al control público sino simplemente a un desprestigio (merecido, no cabe duda) de la magistratura como institución del Estado. Desprestigio que, si no es extirpado, va en detrimento de su legitimidad, y peor, de su capacidad de brindar el servicio de Justicia para el cual está establecida.

domingo, 20 de abril de 2014

¿Quién es Ardusso?

El sábado 23 de noviembre de 2013, la actividad de Turismo Carretera en Trelew terminó con la segunda serie del TC Pista. Ese momento me encontró en la zona del riñón, tras haber recorrido todo el perímetro del autódromo sacando fotos y viendo el tránsito de ambas categorías en cada sector.

La gente de las bardas, y ante la inacción del personal policial que resguardaba el perímetro (una pareja de policías cada unos 50 metros, más o menos), cortó el alambrado y bajó a la pista. Yo los seguí, con la tranquilidad de estar autorizado al ingreso: a diferencia de las pulseras rosas de la mayoría de los caminantes, yo tenía pase de boxes.

Pronto, cortando camino entre las matas, llegamos a la calle de boxes, y empezó el desfile frente a cada equipo, donde algunos pilotos se acercaban a las vallas a firmar autógrafos o a sacarse fotos.

Dos muchachos de unos 30 años caminaban delante mío. Paraban en cada box, pero ante la ausencia de pilotos, se fotografiaban con promotoras esbeltas, de curvas pronunciadas, escotes amplios, y ropas brillantes y ajustadas. Las mujeres tenían la atracción que uno esperaría de un piloto de punta que peleara por el campeonato (la fecha de Trelew era una de las definitorias de la temporada).

Entre los dos hombres se dio el siguiente diálogo, promediando la calle de boxes:
- “¡Mirá, ahí está Ardusso!”
- “¿Quién es Ardusso?” - contestó su compañero de aventuras.

Sin embargo, se detuvieron a fotografiarse... con las promotoras de Ombú (principal sponsor de Ardusso esa temporada).

Nadie que siga mínimamente el automovilismo podía desconocer a esa altura quién era Facundo Ardusso. Desde unos 5 años antes se venía escuchando de él en categorías tales como la Fórmula Renault, el TC2000 o el Turismo Nacional. Ya en el TC, también tuvo paso previo por el TC Pista.

El show del automovilismo argentino en la actualidad está dirigido a producir réditos comerciales. De deporte hay poco. La organización de las carreras, la televisación, todo tiene como norte el marketing publicitario y la generación de dinero. En ese sentido, la explotación de la figura femenina como atractivo se hace tan grande que incluso supera el interés en la propia competencia. Por caso, en el automovilismo argentino (y en su televisación) se ve un énfasis en este punto que no se ve en otras categorías internacionales.

Quien va a una carrera por gusto deportivo mucha cabida no tiene. Esa es la conclusión que queda después de haber ido a esa última carrera en Trelew, haber pagado un pase de boxes (que, más o menos, equivale a la entrada VIP de un recital), y tener las mismas posibilidades de cualquiera con entrada general, y con una tenaza para cortar el alambrado cuando la actividad terminaba cada jornada. El único “privilegio” era tener acceso a la calle interna de los boxes (la de atrás) durante el desarrollo de la actividad, o sea, poco menos que nada.

Las razones de esa restricción -en una carrera organizada por la ACTC y no por el Gobierno como en la de 2012- supuestamente tienen que ver con la seguridad. El argumento esgrimido por oficiales de la ACTC fue de que “en el NASCAR vos no ves gente en la calle de boxes, es muy peligroso y no se pueden correr esos riesgos”. Lo cual es parcialmente exacto. No hay gente porque en los óvalos de NASCAR usualmente no hay un paredón que divida la pista de los pits, sino un segmento de 50 o 100 metros de pasto, nada más. Pero del otro lado de pits, tras el paredón bajo el cual se pintan las cajas de servicio, el público tiene acceso. Te correrán los mecánicos de los equipos para que no molestes, pero si tenés pase en los pits, podés estar a metros de un auto cuando hace la parada.

Acá las calles de boxes son cerradas. No hay forma (salvo una catástrofe) que un auto en carrera pueda entrar a boxes, salvo por el único ingreso, donde debe bajar la velocidad a un límite máximo, dispuesto casualmente por seguridad. La situación no es análoga, entonces.

También sacaron las garitas que ponían los equipos en el paredón de boxes, supuestamente por seguridad (sospecho que debe ser a raíz de que al “Bocha” Ciantini lo atropellara un auto en una carrera hace un tiempo).

Los riesgos en el automovilismo son altos, y aceptados por quienes nos gusta este deporte (hayamos corrido o no). Pero creo que aumentaron exponencialmente cuando la calle de boxes se llenó de gente que no conoce el deporte. Naturalmente, los pajeros (esa es la palabra exacta, aunque si lo prefieren, pueden interpretarla con la más elegante “onanistas”), que poco saben de este deporte, pasean por la calle de boxes buscando mujeres, o algún piloto mediático para hacer de cholulos.

Uno sabe perfectamente que en la calle de boxes los chicos no pueden estar, y si están, casi hay que tenerlos atados. Uno sabe que tiene que estar mirando a la pista por si hay algún accidente, y muy atentamente a la entrada de boxes por si entra un auto (el máximo de velocidad no baja de 60 km/h, así que entran rápido para lo que es un peatón). Y, por si fuera poco, también atento a la actividad en cada box, por si hay algún accidente también adentro (hay mucha sustancia inflamable por cualquier lado), por si sale un auto a pista, por si entra otro, etc.

Es decir, estar en la calle de boxes no es para distraídos. Cosa que, los que seguimos al automovilismo, sabemos.

Pues bien, a los dueños del circo eso no les importa, y diseñan un espectáculo para las cámaras y para el marketing. Por eso tienen que cerrar la calle de boxes, porque llena de sapos de otros pozos ese sector. Y a los que queremos ver un buen espectáculo, nos relegan a una tribuna a la salida de boxes donde vemos las dos rectas, y con suerte parte de las cabeceras.

Obvio, eso para ver un espectáculo que de bueno no tiene nada: carreras de autos en fila india, donde no hay superación, y cuando la hay, se sanciona (como la de hoy en Toay, entre Fontana y uno de los dueños de la televisación del TC).

Deporte, destreza, habilidad, coraje. Cosas que ya no abundan en el automovilismo argentino, presa del circo mediático y publicitario. Y es por eso que el gran público no repara en los nombres que no salen en los programas de chimentos de la tarde, o en las publicidades de televisión y gráficas. Por eso el automovilismo solo es noticia cuando muere algún piloto en un accidente trágico. Por eso una proeza como la de Nicolás Bonelli en Trelew, reparando él mismo su auto entre serie y final (a la vieja usanza), o tipos como Ardusso, son desconocidos por todos esos caminantes de calle de boxes que van tras un culo o un par de tetas.

La actualidad del TC me llevó a recordar este post, que estaba en la nebulosa mental desde la fecha de Trelew, pero que nunca había sido escrito. Hoy, no sé ellos -que quizá ni hayan visto la carrera- pero nosotros, en el contexto de una carrera aburrida como es de estilo, tenemos a un Ardusso firme en la punta del campeonato de la categoría más emblemática de la Argentina con su Dodge, que se exhibe como un piloto pensante y que demuestra que está mentalizado en ganar el campeonato. Un tipo que está demostrando su talento.

Sí, a vos te lo digo, pajero del Mar y Valle: ése es Ardusso.

lunes, 24 de marzo de 2014

24 de marzo

La memoria de una de las etapas negras de la Historia argentina hace a los Derechos Humanos. El recuerdo de la ignominia, de un Estado masacrando a sus ciudadanos, es indispensable para reconocer causas de nuestros males actuales, y especialmente para no cometer los mismos errores (si los hubo, recordemos al Pueblo gritando “no hubo errores, no hubo excesos” en los tempranos '80) en el futuro.

Pero la cristalización de los Derechos Humanos es una afrenta tan o más grave. Más grave, porque se da en el presente. No todo es pasado. Andado el tiempo y más lejos de una coyuntura política delicada en que el peso del poder militar aún era descomunal, en estas épocas en que algunos líderes se muestran cazando leones en el zoológico, podemos decir que no hay impunidad. Que los delitos de lesa humanidad van siendo juzgados y sus responsables paulatinamente son condenados y van (o vuelven en algunos casos) a cumplir su pena. Que los delitos comunes que se cometieron se mantienen firmes en su prescripción, como sanción por no haber tomado las vías institucionales los gobernantes de aquel tiempo.

Hacer de esto, de un pasado doloroso y necesariamente actualizable, el eje de los Derechos Humanos es un error.

Las garantías constitucionales y el “tratamiento penitenciario” digno para el delincuente, también hace a los Derechos Humanos. El acceso a una tutela judicial efectiva por parte de las víctimas de la violencia institucional, también hace a los Derechos Humanos. El acceso a la Justicia, más allá de toda corbata, también hace a los Derechos Humanos. Los actos de gobierno basados en la razonabilidad, sin arbitrariedades ni discrecionalidad, también hacen a los Derechos Humanos. El acceso a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación, también hace a los Derechos Humanos. La igualdad más allá del género, de la clase social, o de la pertenencia o afinidad política, también hace a los Derechos Humanos.

Todo esto obliga a analizar la vigencia efectiva de los Derechos Humanos en la actualidad, y las medidas que se adoptan desde los poderes del Estado, y desde la ciudadanía, para contribuir a su goce por todos.

Cristalizar los Derechos Humanos en un proceso histórico -nefasto, sin dudas- y en un feriado, flaco favor le hace a la necesaria reflexión permanente sobre el acceso a esos derechos por todas las personas. En definitiva, oculta el problema. Y hay que ver si ese disimulo, esa invisibilización, no termina siendo algo parecido a lo que se buscó en su momento.

“-Buscan un feriado, eso eso -me dijo Osvaldo Soriano en 1987, cuando recién comenzaron las escaramuzas militares-. Están buscando la reivindicación de todo, quieren un día rojo en el almanaque, que sé yo, el 24 de marzo, por ejemplo, y que ese día todos canten alguna marcha militar en la escuela, aplaudiendo a la dictadura. Hasta que no tengan eso no van a parar.” (Jorge Lanata, “Argentinos”, tomo II. Ediciones B, Buenos Aires, 2003.)

domingo, 2 de febrero de 2014

Un nuevo (y antiguo) enfoque

Entre tanto saco y corbata, entre tanto viaje y tanto auto modelo 2000 y pico, se puede perder la perspectiva. Hay toda una realidad allá afuera, una realidad dura, una herida abierta, que es el fondo de muchos de nuestros problemas, su causa inmediata (aunque no primera). Desde un escritorio se pierde ese prisma, crece el prejuicio. Por eso es útil forzarse a salir del tupper, y ponerle la cara a esa única verdad, esa única realidad.

Hacía mucho tiempo que no salía a hacer recorridas deliberadas por la periferia trelewense. A esos lugares de calles angostas, enripiadas, de caminar esquivando alguna corriente de aguas servidas que baja por esa corta y encumbrada pendiente en la que uno se metió. Esa postal de niños moqueando y ranchos de chapas apiñados, de patios que están 3 metros por debajo de la vereda, de “medianeras” de alambre, de gatos en los techos, perros que te amenazan, de autos viejos y nuevos, motos con conductores jóvenes de visera, direcciones que uno conoce del laburo (esta es la casa de tal o cual imputado).



Un recorrido que ya no es igual después de que la inocencia terminara abruptamente con un asalto y una casi muerte descripta por terceros. Lo que antes era caminar tranquilo, concentrado solo en el dolor de ver una cara de la ciudad que está lejos del turista y del “ciudadano”, ahora es un único y constante miedo, sea que se recorra al caer la tarde, o al filo de la medianoche. Es que el caminar no sabe de tiempos y de horarios, y en determinado momento la vuelta tiene que esperar a encontrar un camino seguro por el cual hacerla.

No lo revisé, pero podría afirmar que no es la primera vez que hablo de esto en este ámbito. Es probable que retome ideas que son base y que están escritas en papeles ya amarillos.

La desigualdad, el contraste, y especialmente el carácter pétreo de esa desigualdad, es una de las madres del borrego. ¿Cuáles son las posibilidades de estos vecinos nuestros de progresar? Ciertamente, puede que las tengan y que lo logren, aunque jamás en la medida de otros que son (somos, admito no sin culpa) más afortunados.

Me cuesta descartar la existencia de un resentimiento de base, un rechazo, un rencor, tal vez inconsciente, que a lo mejor es incluso análogo al que la “gente bien” siente por el “negro” o el “indio”. Porque son ellos, y solo ellos, los que han crecido jugando a la pelota en una calle esquivando un río de cloacas que baja por lo que antes fuera una barda, que viven frente a una calle que es un canal de aguas servidas, con su fétido olor siempre presente (el que no sepa de lo que hablo, que se tome el trabajo de seguir más allá del burgués paseo por la Laguna Chiquichano, y que siga el curso de las aguas que de ahí salen, imaginándose a 1 o 2 kilómetros el vivir el día a día frente a ese canal).

Son ellos los que han crecido con varios hermanos en una casilla de chapa de 5 por 5, y que si no sufren el frío en invierno es solo porque los inviernos acá están siendo más benévolos. Son ellos los que dependen del transporte público, con sus falencias. Son ellos los que han ido a la escuela solo por llenar un requisito formal, pero sin un incentivo real, porque ya se sabe desde hace un par de generaciones que a ellos la escuela no les va a abrir puertas, salvo a un empleo precarizado del que probablemente lo terminen rajando. Si es que no han tenido que dejarla para cartonear, revolver la basura en los basurales, o irse a laburar al campo, valle o meseta.



Son ellos los que viven una noción de progreso muy diferente a la nuestra. Son ellos los que están abandonados por la mano del Estado. Y no pido con esto paternalismo, para nada. Solo igualdad. Porque así como nos indignamos porque una calle céntrica está cortada por un bache, que antes generaba nuestras quejas porque nos podía romper los bujes del tren delantero de la 4x4 o auto del año, no nos indignamos con que aquellas calles que son el límite de los barrios INTA, Los Aromos, o Planta de Gas, calles que separan la ciudad de la meseta, están completamente abandonadas, salvo por el tránsito de los autos de los vecinos, de los niños con gomeras y sus perros. Calles que del otro lado no tienen veredas ni parques, sino tierras baldías y basura. Calles que separan el barrio de la pendiente de la barda que acaba allá, 15 o 20 metros abajo.



¿Esa basura la tiran los vecinos del barrio? Es probable, aunque no siempre. Pasa que no dejan de considerar que viven en un lugar abandonado, en la infinita meseta, con una ciudad anexa. Una ciudad a la que no ven, ni desde la que son vistos, por las serpenteantes bardas, por las ollas en las que se encuentran, como el Tiro Federal, esa postal “afavelada” que se puede encontrar en Trelew, en lo que bien pudo haber sido un cañadón que lleve a la Laguna Chiquichano. Ellos son parte del paisaje abandonado.

Cuando bajan al pueblo, se encuentran la típica cultura del consumo. Una invitación a comprar, a consumir, más no sea banalmente, en un ambiente pulcro y ordenado, sea en un centro limpio (en comparación a sus barrios), donde hay veredas, donde hay pasto, donde no hay cloacas cruzando la calle, o las veredas, a toda hora todos los días, todos los años. Donde desfilan por la calle una fauna de autos muy diferentes a los R12, VW1500 o Falcon vetustos que pueblan sus barriadas.



Y una ciudad que les da vuelta la cara. O peor, no lo hace: una ciudad que los mira con prejuicio, con temor, con recelo. Una ciudad que los está vigilando como animales salvajes, no vaya a ser cosa de que hagan algo...

Debe ser jodido vivir bajo esa presión. Bajo esa presión humana, de saberse personas, pero a las que medio como que les está vedado llegar al trato de “persona” que corresponde. El recelo se hace mutuo. El desprecio se hace mutuo. Y el recelo o el desprecio ni siquiera son disimulados. Cada vez son más evidentes. Se lo escupimos en la cara. Les ponemos un supermercado como el Changomás a las puertas de su barrio, a la distancia mínima como para que el olor fétido del canal de la Avenida Colón no se sienta, y se lo abrimos con un mensaje del estilo “les vendemos barato para que puedan comprar ustedes también.”

Ustedes, esos animales salvajes que viven en la periferia. Ustedes, que seguramente nos van a terminar queriendo saquear, por eso les ponemos pilares amurados en las salidas peatonales, y guardaganados en los portones para autos. Porque si vienen a saquear, al menos no se nos van a llevar los changos llenos.

Sí, por si no lo notaron: al Changomás le pusieron guardaganados. Miren la próxima vez que salgan en sus autos.

Y en aquella zona no visible del supermercado, aquella que no es una fachada prolija que haga bien a la vista y que no recuerde a sus casas de revoque o de ladrillo hueco pelado, o a sus paredes hechas con un collage de chapas oxidadas, esas zonas internas, donde el capital de la empresa tal vez está más desprotegido que donde se concentra el movimiento, ahí ya nos sinceramos: el que está afuera es un animal salvaje, peligroso. Del que hay que defenderse. Por eso ponemos, no ya unas líneas de alambres de púa, sino espirales de alambre doble navaja sobre muros de 2 metros y medio de alto. Playones iluminados con toda la potencia disponible y guardias recorriendo permanentemente. Una postal de Alemania oriental.



Ese es el miedo que paraliza, que no deja actuar. El miedo al otro, al diferente, el miedo que nos impide conocer, comprender (jamás justificar), y que nos llena de prejuicios, poco a poco. Del otro lado, esa reacción violenta, probablemente engendre más violencia. En una sociedad que de por sí es violenta, donde importa alcanzar metas materiales sin importar demasiado el cómo. El fin justifica los medios.

Por eso nos sentimos más seguros en el entorno cuidado (y vigilado), límpido, de un centro comercial que nada tiene que ver con el resto de la ciudad, ni sus contrastes. Una pequeña ciudad naïf dentro de otra, con ambiente climatizado, música funcional, y todo dispuesto para el consumo, que es la actividad natural del humano contemporáneo. Allí donde todos somos iguales en tanto consumidores, y donde si algún osado no consumidor entra, probablemente lo saquen rápidamente de nuestra vista.



Es inevitable pensar, para quienes hemos leído esa obra magnífica, en la premonición de H. G. Wells en “La máquina del tiempo”, ese roce constante y choque brutal entre dos culturas, dos especies, los morlocks y los eloi. La desigualdad y la insensibilización nos toman de la mano y nos llevan a ese futuro.

lunes, 27 de enero de 2014

La cultura de consumo. El ahorro frente a la papeleta de conchabo de los que ganan menos de 7200 pesos.

Uno está en la banquina cívica desde hace un tiempo. Sin embargo, los acontecimientos políticos no pasan de largo sin afectar. Por el contrario, desde que uno se tiene que hacer cargo del propio sustento, han pasado a ser una preocupación creciente.

“La improvisación al poder” fue un post que nunca se escribió. En él, iba a hablar de lo improvisado que es este Gobierno. Siempre, desde el mismo 2003, este Gobierno se caracterizó por no saber muy bien hacia dónde ir, buscando medidas efectistas y de corto plazo que solo le permitieran mantener la base de sustentación de cara a la siempre contingente próxima elección.

No hay transformaciones de fondo en el régimen. Una muestra de ello es el problema del dólar. Un Gobierno que tuvo un impresionante viento de cola durante 5 años aproximadamente, no supo cómo construir las condiciones necesarias para que el peso argentino fuera una moneda fuerte y confiable, que hicieran pensar al argentino promedio en ahorrar en pesos. De hecho, tampoco el ahorro fue una política de esta administración. La estrella ha sido siempre el consumo (exacerbado), como motor de la economía.

Más de 10 años después, se observa una década perdida en lo que a transformación cultural se refiere. Más de 10 años después el dólar sigue teniendo la demanda generalizada que tenía en las peores épocas de la Argentina, allá lejos y hace tiempo (no tanto) cuando “estábamos en el infierno”.

Cuando la tensión del dólar llegó al punto de crear una espiral de devaluación, estos cuadros políticos improvisados que ejercen el poder lanzaron otra de sus medidas efectistas. Como toda política de Estado bien planificada y pensada a largo plazo, la anunciaron para después ponerse a trabajar en ella, teniendo como resultado que las precisiones sobre su alcance recién se conocieron hoy. Provisoriamente, porque ya hubo marchas y contramarchas.

Más allá de que todo esto lo pueda explicar con seriedad técnica un economista (competencia profesional frustrada de quien escribe estas líneas), me atrevo a seguir con el post.

El núcleo de la medida es la autorización estatal para adquirir dólares para atesoramiento, a partir de un ingreso mensual de 7200 pesos (sinceramente, todavía no me queda claro si son netos o brutos), y hasta 2000 USD mensuales.

En la duda personal (y teniendo en cuenta que el supuesto de laboratorio que voy a plantear se me aplica si se trata de ingresos mensuales netos), cabe preguntarse cuáles son las consecuencias de esta medida.

Imaginemos a una persona que gana menos de 7200 pesos, pero que tiene una capacidad de ahorro que le permitiría disponer de los pesos suficientes como para comprar entre 200 y 300 USD mensuales. No puede hacerlo, al menos no en el mercado oficial y queda expuesta al mercado paralelo donde la cotización es más alta. Siendo la cotización más alta (y quizá más volátil, más peligrosa), no puede comprarlos, por lo que ese dinero que puede ahorrar le queda en pesos.

Se sabe el carácter “derretible” del peso. Conservar esa cantidad de pesos hará que se le escurran entre los dedos por la inflación. En consecuencia, no los ahorra, sino que los destina al consumo, para usarlos en el día a día, en que el precio de los bienes y servicios con toda seguridad será inferior al de mañana. Sea que hablemos de electrodomésticos, o -para quien tiene un leve temor de tener demasiados objetos materiales en casa por haber sufrido ataques contra la propiedad (como mínimo)- de viajar o consumir en vida social.

Entonces, tenemos que la gente que gana menos de 7200 pesos no puede ahorrar en este país, sino que tiene que consumir. Forzosamente, salvo que quiera perder plata y ahorre en pesos. Volveré sobre este punto.

¿Quiénes pueden ahorrar? Los que estén arriba de 7200. Una primera capa son trabajadores alcanzados por impuestos como Ganancias, que en estos montos de “ganancias” son perversos. Ni hablar del IVA que pagan por igual todos, y que -justamente- más lo sufren quienes quedan (quedamos) obligados a consumir.

Estos asalariados, golpeados por el impuesto, probablemente tampoco tengan mucha capacidad de ahorro. Hay que escalar un poco más, y empezaremos a encontrar una capacidad de ahorro discreta que permita la compra de dólares. Pero tal vez ahí ya empecemos a tratar con pequeños propietarios de medios de producción.

Si seguimos escalando, llegamos a gente con un ingreso mensual de poco menos de 50 mil pesos mensuales, que son los que uno imagina con una capacidad de ahorro suficiente como para comprar los 2000 USD al mes (te tienen que sobrar unos 20 mil pesos al mes para ello, considerando que el nivel del gasto de uno siempre va en relación a lo que gana). Ahí claramente no hablamos de un asalariado.

Esas personas, que sin duda alguna están en una posición económica y social más aventajada, son las que pueden protegerse recurriendo al dólar.

Más arriba de eso, tenemos a gente con un ingreso superior, que bien puede conformarse con los 2000 USD mensuales porque tiene otras formas de protegerse (por ejemplo, tener la plata afuera). O que, por experiencia, recursos o contactos, puede intervenir en el mercado negro. Son los actores del sistema, que van a usar la bicicleta financiera que les da el Gobierno nacional y popular para que hagan spinning especulativo a un nivel que no vieron en estos 10 años: sacar dólares baratos del mercado oficial para abastecer el mercado paralelo al que recurren los excluidos del primero.

Ni la AFIP ni el Ministerio de Economía ni nadie les dirá nada: este es el grupo de Gobierno, los amigos o socios del poder, que no están alcanzados por el control.

Entonces, tenemos que la medida adoptada por el Gobierno le permite ahorrar a los que están en una posición económica y social más aventajada. A los ricos se les permite conservar y acrecentar la riqueza. O, dicho con palabras que no gustan a los nacionalpopulistas, “concentrar” la riqueza.

A los que están más abajo, no se les permite ahorrar. Se los condena al consumo. En principio, eso implica que no se les deja acumular riqueza (u obtenerla, mejor dicho), y en segundo lugar, podemos detectar un efecto más perverso: tienen que consumir los productos de aquellos que son los dueños de los medios de producción (o los que se benefician con el erario público en un Gobierno de corrupción institucional). Es decir, la plata que no pueden ahorrar pasa a formar parte de la riqueza que acumulan los de arriba.

Una suerte de versión 2.0 de la papeleta de conchabo del siglo XIX. Parte de la moda que hace resurgir todo lo vintage. Consecuencias de una administración con un discurso de izquierda, pero que mantiene en todo aspecto el paradigma neoliberal que instalaron los genocidas en los '70. Y que ellos mamaron de chiquitos, ejecutando hipotecas con la Circular 1050.

sábado, 19 de octubre de 2013

Agustina Lloret: "Promesas incumplidas de la Convención sobre los Derechos del Niño: La necesidad de una propuesta abolicionista."

Por Agustina Lloret [1]

Publicado el 15/10/2013 en El Dial (Citar: elDial.com – DC1B81)

La condición de minoridad ha sido históricamente dotada de distintas características según las necesidades que se les suscitaron a los distintos sectores de poder, generándose una manipulación en el acceso a derechos y garantías de los mismos, y un abanico de pretensas soluciones a las distintas problemáticas que se iban presentando.
A lo largo de la historia, el ser “menor de edad”, ha sido interpretado de diferentes formas, a los únicos fines de poder ajustar un plan de acción que permitiera generar la ilusión de estar solucionando problemas, mientras los mecanismos a los cuales se apelaban, demostraban ser poco aptos para ello. En este sentido, ha pasado de pensarse en el sujeto menor de edad, como aquel que es incapaz de asumir la responsabilidad que deriva de su conducta antijurídica, e inclusive, a asociar la pobreza material con la potencialidad criminal; hasta llegar a consagrarlo (al menor) como sujeto pleno de derechos, al punto de equipararlo con la figura del adulto, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ni que hablar de quienes se postulan a favor de la baja de imputabilidad, por entender que, de este modo, los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, tendrán acceso pleno a las garantías del proceso, tal como lo hacen los adultos (en rigor, habría que ver cuál es, por otro lado, el acceso efectivo que tienen estos últimos, y en qué medida gozan de una satisfacción plena de dichas garantías). Tanto en el primer momento, en el cual imperaba lo que se ha dado en llamar “paternalismo injustificado”, como en el segundo momento, que describiría lo que rige en la actualidad, conocido como “modelo de justicia o de responsabilidad”, proponen abordajes no sólo erróneos (desde la perspectiva teórica), sino inútiles o hasta contraproducentes (desde el punto de vista óntico ontológico).
Demostrar las tensiones teóricas y ónticas de estas dos propuestas, derivadas de dos concepciones distintas de lo que debe entenderse por sujeto “menor de edad”, y plantear alternativas a la solución que rige en la actualidad, y que la sustituyan, es el objeto del presente trabajo.
Encontraremos entonces, en toda escritura, la ambigüedad de un objeto que es a la vez lenguaje y coerción: existe en el fondo de la escritura una ‘circunstancia’ extraña al lenguaje, como la mirada de una intención que ya no es la del lenguaje. Esa mirada puede muy bien ser una pasión del lenguaje, como en la escritura literaria; puede también ser la amenaza de un castigo, como en las escrituras políticas: la escritura está entonces encargada de unir con un solo trazo la realidad de los actos y la idealidad de los fines.”Roland Barthes, El grado cero de la escritura.
El tratamiento de la minoridad en relación al delito en la Argentina, tiene una historia igual de extraña y cambiante que la de los adultos, la cual intentó ser explicada a lo largo de los años, a través de diversas teorías criminológicas. Ambos tratamientos son consecuencia directa de una lucha discursiva que se traba entre distintas corporaciones, las cuales buscan ganar terreno e imponer su propia forma de resolución a determinadas cuestiones que son consideradas conflictivas por parte de una sociedad en particular, en un momento dado.
Al tener en cuenta el caso del delito perpetrado por una persona menor de edad, el camino que permitió llegar hasta lo que hoy establece la ley 22.278 sobre el Régimen a la minoridad en la Argentina, tuvo antecedentes legislativos que fueron fiel reflejo de pareceres teóricos imperantes en su momento; e inclusive dicho régimen, sancionado durante la última dictadura militar, y aún vigente en nuestros días, es fiel correlato de una forma de pensamiento de aquel entonces, que para sorpresa de muchos, no parece haber sufrido modificaciones lo suficientemente sustanciales como para repensar las reglas del juego al día de la fecha.
Antes que nada, corresponde hacer una pequeña reseña histórico-teórica que permita conocer sobre la base de qué ideas se fue diagramando el trato hacia el “menor”:
El primer modelo, es el denominado “tutelar”, según el cual el niño o adolescente era considerado un sujeto enfermo, incapaz de comprender la calidad de sus actos, y por ende, no susceptible de ser responsabilizado por ellos. La finalidad de este esquema de pensamiento consistía en hacer de aquel, un objeto de protección, para lo cual poco interesaba si había incurrido o no en un hecho considerado delictivo: no se busca aplicarle una sanción. Esta voluntad de “causarle el bien” –en sentido amplísimo-, pronto demostró ser de un funcionamiento perverso.
En la Argentina, la implementación de reformas legislativas atinentes a la minoridad, fue consecuencia de un movimiento reformista que intentaba revertir el orden establecido por la Ley Agote (Nro. 10.903), según la cual los “menores” debían ser responsabilizados por los delitos cometidos en igual medida y condiciones que los adultos. Las consecuencias prácticas de dicha premisa eran, básicamente, que estos fueran ubicados en las prisiones junto con los adultos. Es decir, que se los privaba de un trato especial por su condición de “menores de edad”.
El movimiento reformista que terminó por adoptar la forma de “paternalismo injustificado”, se abocó a la minoridad tanto en conflicto penal como a la minoridad abandonada. Es la ambigüedad de las categorías empleadas, las que dejaban las puertas abiertas a un ejercicio discrecional y desmedido de poder por parte de las autoridades, respecto de los niños, niñas y adolescentes, y su destino.
La obra “Los ‘Salvadores del niño’ o la invención de la delincuencia” de Anthony Platt permite conocer cómo las supuestas intenciones presentadas por los operadores del movimiento de “Salvadores de los niños”, fueron virando hacia el lugar común de exclusión, con el único afán de conservar lo que ellos consideraban propio a su clase social. El autor comenta que “El movimiento pro salvación del niño no era una empresa humanitaria en ayuda de la clase obrera y frente al orden establecido. Al contrario, su impulso procedía primordialmente de la clase media y la superior, que contribuyeron a la invención de nuevas formas de control social para proteger su poderío y sus privilegios…”[2]. Por esta misma razón, es que se buscaba disciplinar a los menores mediante el aprendizaje de oficios que ni siquiera estaban técnicamente adecuados a las exigencias actuales de dichas actividades[3], privándolos del desarrollo del intelecto: “La afición a los libros era un atributo indeseable, y la forma más baja de trabajo servil se racionalizaba como una experiencia educativa”[4]. Inclusive, el director de la Escuela Industrial para Varones de Ohio, J.C. Hite, dijo que “... su instrucción no debe ser demasiado abstracta, ni técnica en el sentido de prepararlos para exámenes por oposición, empleos de oficina ni universitarios, sino más bien para el taller, la fábrica, las artesanías o el hogar…”[5]. En este marco, se crea el primer tribunal de menores en Illinois, en 1899. Es decir, el camino discursivo guardaba perfecto correlato con las prácticas que se iban dando en el plano de la realidad: pasamos de institucionalizar para “educar”, a una institucionalización para castigar.
En la obra de Anthony Platt, podemos ver cómo fue mutando el discurso que permitía fundamentar la adopción de medidas respecto de los “menores”, desde un discurso biologicista referido a anormalidades físicas, hereditarias que requerirían un largo período de “tratamiento”, al discurso relacionado con el ambiente viciado de las ciudades y la necesidad de escapar de la corrupción a la que se ven expuestos los “menores” en las grandes urbes.
El pasaje de un tratamiento a otro, en relación a la comisión de delitos por parte de niños, niñas y adolescentes, fue resultado directo de una pugna de discursos provenientes de distintas corporaciones, y las disímiles apreciaciones que hacían de la problemática social relacionada a la desigualdad en el acceso a ciertos servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda.
Ante la imposibilidad de acaparar una solución real, se decidió que la solución más fácil y rápida, consistía en implementar un discurso que permitiera dar una explicación un tanto más desincriminatoria de las esferas del poder político respecto de estas cuestiones. Sirvió como “ciencia” de apoyo a estos sistemas de protección/control social de los niños, niñas y adolescentes (por ahora “menores”), en primer lugar, la medicina y luego –más adelante-, la psicología, la cual trataría de dar una explicación al por qué de la delincuencia juvenil o –inclusive- se adelantaría un poco en el camino, estableciendo qué escenarios podían contribuir al potencial surgimiento del delincuente.
Así, autores como Winnicott, plantearán que existe algo tal como el “niño antisocial” en contraposición al “niño normal”. El “niño antisocial”, es aquel que “… apela a la sociedad en lugar de recurrir a su propia familia o a la escuela, para que le proporcione la estabilidad que necesita a fin de superar las primeras y muy esenciales etapas de su crecimiento emocional (…) a veces la conducta antisocial no es otra cosa que un S.O.S., en busca del control ejercido por personas fuertes, cariñosas y seguras (…) El niño normal, a quien su propio hogar ayuda en las etapas iniciales, desarrolla una capacidad para controlarse (…) El niño antisocial, enfermo, que no ha tenido la oportunidad de desarrollar un buen ‘ambiente interno’ necesita absolutamente un control exterior para sentirse feliz, para poder jugar o trabajar…”[6]. Frente a este fuerte diagnóstico del “niño antisocial”, Winnicott veía que la solución vendría dada por la ubicación de estos niños en albergues, considerados por él como “…el lugar adecuado para el tratamiento de la delincuencia como una enfermedad del individuo y, sin duda, el lugar adecuado para la investigación y la oportunidad de adquirir experiencia…”[7]. Es decir, en resumidas cuentas, no sólo avaló el encierro de niños para su “tratamiento”, sino que además, llegó a sostener como positiva a la propia idea de mediatizar a los “niños antisociales” con fines de lograr descubrimientos que sirvieran a la corporación a la que pertenecía y representaba. Por último, este autor aclaró que “Los fracasos eventualmente llegan a los tribunales, pero los éxitos se convierten en ciudadanos…”[8].
Por su parte, Aichhorn sostuvo –en palabras de Mollo- que “el niño es asocial debido a sus exigencias primarias de satisfacción: cuando el desarrollo libidinal sigue su curso el resultado es un joven normal, pero si este queda interrumpido, su comportamiento será asocial. Precisamente, con su noción de ‘delincuencia latente’, Aichhorn se refiere a los casos en los que las exigencias instintivas se encuentran frágilmente suprimidas y en determinada coyuntura pueden eclosionar bajo la forma de una ‘delincuencia manifiesta’ (…) En el sujeto disocial hay una falla en relación con el ideal del yo que permanece en forma de culpabilidad inconsciente… Aichhorn considera que hay que contener y transformar los impulsos de los jóvenes díscolos, instaurando una relación de respeto hacia sus pares y hacia la autoridad…”[9].
Franz Alexander y William Healy, van a sostener que “Los actos criminales son descargas del individuo de toda clase de factores emocionales en tensión, pero sus motivos son principalmente irracionales e inconscientes. Tal hipótesis no descarta los fines racionales del robo (la ganancia material), pero los considera principalmente, como una ‘compensación simbólica más que real, por privaciones que pueden ser emocionales y no necesariamente materiales’ (Alexander y Healy, 1946:294)”[10] Se agrega que “La criminalidad resulta una protesta del yo contra la vida pulsional reprimida y las heridas narcisísticas infantiles que derivan en una naturaleza agresiva y antisocial como reacciones compensatorias del yo adulto (Alexander, 1929:207)”[11].
En síntesis, la corporación psicológica[12] pretendería dar con la respuesta (un tanto indescifrable, por lo menos desde el plano discursivo) que transformaría a sus miembros en los únicos capaces de saber de dónde proviene la pulsión criminal del “menor”, y cuál es el tratamiento mediante el cual se habrá de disciplinar a estos –en palabras de Aichhorn-,“delincuentes latentes”.
La consecuencia directa de esta nueva forma de percibir la problemática, fue dejar el futuro de los niños, niñas y adolescentes, en manos de la corporación médica/psicológica, para que interviniera de la manera que sólo ellos conocen, intentando neutralizar o corregir las posibles (o casi indefectibles –si tenemos en cuenta que manejaban una tesis basada en deficiencias psíquicas estructurales-) pulsiones criminales de aquellos.
Winnicott hablaba de llevar adelante intervenciones terapéuticas que ayudaran al niño/niña a “completar su desarrollo emocional”, deduciendo que “a los niños carentes de vida hogareña hay que proporcionarles algo personal y estable cuando todavía son bastante pequeños como para utilizarlo en cierta medida, o bien nos obligarán más tarde a proporcionar estabilidad en la forma de un reformatorio o, como último recurso, de las cuatro paredes de una celda carcelaria…”[13]. Esto llevaba a que se tomaran medidas desprovistas de un límite temporal. Es decir, regía la indeterminación del tiempo como única posible herramienta de protección.
En esta línea, se encuentra la doctrina denominada de la “situación irregular”, la cual se ocupa de aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo una situación de abandono material o moral, mediante la institucionalización o adopción. Este tipo de medidas eran adoptadas de manera un tanto arbitraria, más que nada, ante la falta de descripción taxativa de qué es aquello que se entiende por “dificultades” o “abandono material o moral”.
La firma y ratificación de la Convención de Derechos del Niño, inaugura -o por lo menos pretende hacerlo- una nueva era para el abordaje de los niños, niñas y adolescentes, pero no escapa –en mi opinión- de las contradicciones que vienen dándose históricamente, respecto al tratamiento que ha de dárseles a aquellos. Surge lo que se ha dado en llamar la doctrina de “la protección integral” del niño, cuya implicancia es (entre otras), que las leyes no sólo estarán dirigidas a los niños en situaciones de dificultad (es decir, derriba el muro que separa a los “niños/as/adolescentes” de los “menores”). Se asigna –de aquí en más- a la función judicial, la resolución de conflictos estrictamente jurídicos con pleno ejercicio de la defensa técnica, y de control por parte del representante del Ministerio Público Fiscal. Así, queda bien diferenciado el incurrir en una conducta considerada delictiva de la presencia de dificultades como consecuencia de omisiones estatales pudiendo actuar el brazo penal sólo en los primeros casos. No obstante, la Convención presenta disposiciones que fueron receptadas por el inconsciente colectivo jurídico como axiomas y, que en rigor, deben ser relativizadas por su manifiesta falta de adecuación a los datos que arrojan la realidad.
Así, en primer lugar, se ha caído en la creencia generalizada de que a partir de la implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se ha logrado asegurar la igualdad ante la ley, como consecuencia directa de la no distinción entre aquellos niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad de tipo económica, sino que atenderá a todos aquellos en conflicto penal por igual.
Vale la pena preguntarnos: ¿existe algo tal como la “igualdad ante la ley”? ¿Puede sostenerse la posibilidad de que el sistema penal atrape de modo igualitario a aquellos niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal pertenecientes a la clase alta, que a los pertenecientes a la clase baja?
Considero que no podemos perder de vista la selectividad estructural que caracteriza al ejercicio del poder punitivo, la cual deriva de la capacidad operativa limitada de las agencias de criminalización secundaria. Autores como Howard Becker reconocen la existencia de selectividad a la hora aplicar las reglas, las cuales suelen recaer de manera diferencial según de quién se trate, poniendo inmediatamente como ejemplo, el progreso de las causas penales seguidas contra jóvenes de clase media y aquellas seguidas contra jóvenes de clase baja. Para este autor, no existe algo tal como la naturaleza desviada de los actos, sino que dicha calidad “es más bien el producto de un proceso que involucra la respuesta de los otros”[14]. Tal es así, que una misma conducta puede ser entendida como una infracción o no, según quién la haya cometido, ya que esto último será determinante para la reacción por parte de “los otros” a los que hace referencia Becker.
En este sentido, surge como factor determinante, el establecimiento de un determinado estereotipo que responde a la imagen pública del delincuente. Zaffaroni sostiene que la distribución selectiva de la persecución penal, “… alcanza solo a quienes tienen bajas defensas frente al poder punitivo y devienen más vulnerables a la criminalización secundaria, porque (a) sus personales características encuadran en los estereotipos criminales; (b) su entrenamiento sólo les permite producir obras ilícitas toscas y, por ende, de fácil detección; y (c) porque el etiquetamiento produce la asunción del rol correspondiente al estereotipo…”[15]. Esto último adquiere gran relevancia para acercarnos a una explicación realista acerca de la delincuencia juvenil: si tenemos en cuenta que una persona no es “desviada” en razón de haber efectivamente cometido una conducta considerada “desviada”, sino desde aquel momento en que es señalada como tal, y si a aquello le agregamos las consecuencias segregativas que se derivan de tal señalamiento, es comprensible que la persona en cuestión se empiece a comportar de acuerdo al carácter que le ha sido adjudicado artificialmente y en base a elementos superficiales relativos a su persona. Para Becker, el carácter de “desviado” que se le imprime a una persona, constituye un “estatus maestro” (concepto que el autor toma prestado de Hughes), el cual tiene una fuerza mayor por sobre las demás características de una persona. Así, “La persona será primero identificada como desviada, antes que ninguna otra cosa (…) Tratar a un individuo como si fuese un desviado en general, y no una persona con una desviación específica, tiene el efecto de producir una profecía autocumplida…”[16].
Podría concluirse, entonces, que lo que es dista bastante de lo que debería ser, y esto, produce un choque de frente con ficciones jurídicas consagradas y reconocidas constitucionalmente. Ya Nietzsche decía, allá por 1888, que existían varias ideas falsas de la modernidad, cuya falsedad es consecuencia directa de la propia modernidad en la que estas tuvieron lugar. Entre ellas, se encuentran la igualdad de derechos y el progreso[17].
En segundo lugar, se ha sostenido que la equiparación de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal a los adultos, en cuanto a su responsabilidad penal por el hecho cometido, se han limitado las facultades discrecionales que habilitaban a arbitrariedades por parte de los jueces intervinientes, por darle un marco de formalización/institucionalización al proceso. Esto habría acercado el modo en que se los trata, al concepto abstracto y discutible de “justicia”.
No hay lugar a dudas que la arbitrariedad con la que el juez interviniente en la causa manejaba la vida de los “menores” tenía que cesar, pero ¿estamos en condiciones de decir que de este modo se ha encontrado la (tan anhelada) ficción jurídica de “justicia”? ¿Acaso la severidad en el trato de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal es lo que permitirá dar lugar al sentimiento de “justicia”?
El sentimiento de justicia no puede ser medido de otro modo que no sea según la subjetividad de cada persona: lo que puede parecer justo para uno, puede resultar muy injusto para otro. Obviamente, esto no tiene lugar dentro de nuestro proceso penal de base inquisitorial, para el cual la víctima sólo opera como un personaje cuya intervención será breve y circunstancial, aceptando la severidad del castigo como única respuesta al más variado catálogo de conflictos (denominados unívocamente “delitos”)[18].
En estrecha relación con esto, no podemos tampoco aseverar que la formalización o institucionalización de los procesos atinentes a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, hayan erradicado por completo la utilización de eufemismos.
¿Se han eliminado de manera definitiva los eufemismos tutelares, si reconocemos la aplicación de medidas restrictivas de la libertad a jóvenes en conflicto de la ley penal? Es cierto que se produce un re-direccionamiento de la aplicación de las leyes en cuestión, pero desde el momento en que se sigue proponiendo como solución, la pena (¿o debería hablar de “medida”?) privativa de la libertad (con las reducciones de escala penal correspondientes, derivadas del tratamiento especial que amerita la situación), a la cual la ley 24.660 le asigna en su artículo primero, la finalidad de “lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad.”, no encuentro -en la realidad-, cambio favorable alguno. Se produce un blanqueo. Se dice aquello que ya estaba dicho y todos sabían, pero –en rigor y en términos prácticos- no hay mayores cambios.
Por otra parte, dicha ley establece que “El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada”. Es de público conocimiento que lo primero (la finalidad reinsertora de la pena) no ha tenido éxito alguno, y que esto se debe –en buena medida- a que lo segundo (la adopción de medidas tendientes al logro de dicha finalidad) no se despliegan en los términos y bajo las condiciones que dicha ley lo ordena.
El discurso imperante, busca justificar el proceso de institucionalización del control social, para producir su formalización –cuestión ligada a lo explicado sobre la baja de imputabilidad-. Según esta mirada, la formalización del control social, tiene ciertos beneficios, a saber: otorga relevancia y transparencia a los conflictos sociales; impide el avance de la venganza privada; y torna operativos los principios y garantías propios de un proceso penal. No obstante, no parece tener demasiado sentido sostener la necesidad de institucionalizar el control social, si esto no va a ser de utilidad para aquellos a quienes se pretende proteger a través de aquel, aunque –en mi opinión- parezca poco creíble que cualquier forma de control social tenga la altruista finalidad de proteger a aquellos que se presentan como los controlados.
Por último, no creo que sea conveniente que el trueque de responsabilización equiparable al de los adultos por garantías constitucionales en el proceso penal, sea comprendido como un trueque de algún modo favorable. Pareciera que el precio que debieron pagar los niños, niñas y adolescentes para que les sean reconocidos plenos derechos fue y sigue siendo bastante caro, dado que la mutación de percepciones los sigue perjudicando.
En particular, disiento, en primer lugar, con que los niños y adolescentes seleccionados por el sistema penal, sean considerados tan responsables como los adultos, al momento de conducirse de modo típico y antijurídico.
En segundo lugar, no creo que la única manera de tornar extensibles las garantías en el proceso penal a su favor, sea a través de dicha equiparación de responsabilidades.
En cuanto a la primera cuestión enunciada, debemos considerar los elementos que constituyen el nivel de la culpabilidad dentro de la teoría del delito, a saber: la posibilidad de exigirle al agente la comprensión de la criminalidad de su conducta; y la posibilidad de exigirle al agente la adecuación de su conducta conforme a dicha comprensión. En primer lugar, la posibilidad de exigir la comprensión de la criminalidad de la conducta se nos presenta como conflictiva, toda vez que para establecer si hubo comprensión, se suele acudir a conceptos como el de“discernimiento”, entendido como la capacidad que tiene una persona de distinguir entre el bien y el mal, la cual se reputa adquirida a una determinada edad fijada de manera discrecional, aunque escudada o respaldada en supuestos criterios psicológicos/médicos de difícil comprobación o refutación[19].
La comprensión presupone la introyección de la antijuridicidad de la conducta, previo conocimiento de la misma, pero no debe calcularse, como si se tratara de una regla de tres simple, que si un niño tiene determinada edad, pudo comprender la criminalidad de lo que hacía sin más. Por el contrario, deben tomarse en consideración factores de tipo sociales que permitan evaluar, en cada caso en particular, si el niño pudo introyectar que su conducta era disvaliosa para la sociedad en general. Se me ocurre que tal vez, para alguien que vive la violencia de modo habitual, en todos y cada uno de los ámbitos en los que se mueve, la introyección de la antijuridicidad que pueda importar su conducta, es mucho pedir. Inclusive, si hipotéticamente se le pudiera exigir la comprensión de dicha criminalidad, nos tendríamos que preguntar si le es exigible que adecue su accionar a dicha comprensión, para lo cual tendríamos que analizar si los niños, niñas y adolescentes alcanzados por el sistema penal, actúan dentro de un margen relativamente amplio de libre autodeterminación.
Si tomamos en cuenta los conceptos desarrollados por Howard Becker e incorporados por Eugenio Raúl Zaffaroni en muchos de sus textos, respecto del etiquetamiento del desviado como elemento constitutivo del delincuente juvenil, y el posterior mecanismo psíquico que lleva a que el joven reproduzca las conductas fieles al carácter que le fue adjudicado en función a su coincidencia con cierto estereotipo mediáticamente construido, deberíamos cuestionarnos fuertemente cuál es el nivel de autodeterminación con el que cuenta para comportarse de una u otra manera. De las consecuencias segregativas que ya comenté unas páginas atrás, surge la integración de quien es señalado como “desviado” a un grupo de personas que se encuentran en su misma situación. Ellos se juntan porque sienten que “…comparten un destino, que están en el mismo barco”[20].
Otro factor de carácter social que puede resultar determinante al momento de discutir los condicionamientos a los que se encuentra sujeto el ámbito de autodeterminación de un joven en conflicto con la ley penal, es el de las necesidades materiales; y, por “necesidades materiales” no me refiero únicamente a las necesidades básicas, sino también a aquellas perversamente creadas, por parte del sistema capitalista.
En una sociedad en la que se baja línea de manera constante y sin pedir permiso, respecto de que la existencia de uno está determinada por aquello que posee o deja de poseer, nos encontramos condenados a una vida de consumismo exacerbado, a la cual no todos podemos acceder por igual. Algo de esto aparece desarrollado en la teoría criminológica de la anomia de Robert Merton[21], la cual si bien se circunscribe a la sociedad norteamericana, considero que puede servir para explicar lo que ocurre en la nuestra (lamentablemente, cada vez más norteamericanizada).
Para Merton, la combinación del fetichismo por el dinero y el consumo, y el excesivo hincapié que se hace en el logro de objetivos circunscriptos al éxito en términos de ascenso social, en conjunción con una falta de igualdad de acceso a los medios institucionalizados que habilitan al estilo de vida competitivo que se fomenta, lleva a que quienes no pueden acceder a dichos medios para satisfacer las necesidades creadas, apelen a métodos innovadores (es decir, no institucionalizados). En este orden de ideas, no es posible concluir que los jóvenes en conflicto con la ley penal puedan moverse con total libertad respecto de la presión cultural y de mercado que pesa sobre ellos. Más bien, pareciera que estos etiquetados fueran –apelando a la metáfora utilizada por Marx para hacer referencia al papel de las clases obreras en las fábricas- “simples apéndices de la máquina”, cuya propiedad pertenece a la clase burguesa. Así, “sólo se le exigen las operaciones más sencillas, más monótonas y de más fácil aprendizaje”[22]. Si trasladáramos la metáfora aplicada a la fábrica, al caso de la prisión, veríamos que la máquina es el sistema penal, y las operaciones sencillas, monótonas y de fácil aprendizaje son los mínimos esfuerzos que estos jóvenes deberán realizar para ser atrapados por el poder punitivo. Esta circunstancia aparece desarrollada por Zaffaroni en su teoría del delito como la “culpabilidad por la vulnerabilidad”. Este es un factor de medición que, según este autor, no puede ser dejado de lado por parte de los intérpretes de la ley, ya que da cuenta del carácter selectivo que porta en la realidad, el sistema penal, habilitando a una reducción de la consecuencia jurídico-penal en aquellos casos en que el agente haya realizado un esfuerzo mínimo por ser atrapado.
Tal como lo plantea Adrián Martín, no atender a la historia y al contexto socio-económico en el cual se desarrolló la adolescencia del joven en conflicto con la ley penal, y en el efecto contraproducente de la aplicación de una pena privativa de la libertad (circunstancia que se analizaré más adelante), implica “…una pena lesiva del principio de culpabilidad y, además, cruel e inhumana y por ello contraria a las disposiciones convencionales y constitucionales(arts. 18 y 75.22 CN, art. 5.1 CADH, y arts. 7 y 10.1 PIDCyP, entre otros)”[23]. En el mismo sentido, se pronuncia en el fallo Barrios, al decir que “…si la ley penal alcanza casi siempre a los más vulnerables -muchas veces porque esa misma condición les ha impedido construir su invulnerabilidad al sistema-, el encierro estatal debería, al menos, ofrecerles la posibilidad que les negó en sus infancias, adolescencias y juventudes, es decir: de disminuir esa vulnerabilidad. Sin embargo, ello tampoco ocurre. Ahora bien, advierto que el caso de Barrios da cuenta –una vez más- de una persona en situación de grave vulnerabilidad respecto de la cual el Estado interviene activamente recién cuando comete un delito y, además, lo hace prisionizándolo…”[24]. El repudio a esta solución estandarizada, tuvo eco muy recientemente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la cual el Estado argentino incumplió con su compromiso de garantizar los derechos y las garantías judiciales consagradas en la Convención Americana , al aplicarles condenas de privación de la libertad perpetuas, a cinco personas menores de edad.[25]
Por último, no creo que la única manera de reconocer garantías a favor de los jóvenes en conflicto con la ley penal, venga a estar dada por el reconocimiento de la responsabilidad en igualdad de condiciones que los adultos. Y esto por una única razón: el derecho es una construcción humana que opera como herramienta ajustable a las necesidades de las sociedades en un momento dado. En este sentido, no llego a comprender por qué habría de ser necesario el trasladar a los jóvenes al terreno de los adultos, para que gocen de las mismas garantías que estos últimos, en vez de extender las garantías de las que gozan los adultos, al terreno de los jóvenes. Sostener lo primero implica aferrarse a un normativismo riguroso carente de toda practicidad en el plano de la realidad. Zaffaroni, por ejemplo, se ha pronunciado en este sentido[26]y ha referido que hoy por hoy, el sistema tutelar en el cual quedan comprendidos los jóvenes no punibles, los jueces se manejan sin límites, por no estar regidos por las garantías propias del proceso penal. La solución, desde su perspectiva, sería –aparentemente- la de bajar la edad de imputabilidad para que operen las garantías a su favor y de ese modo se limite la discrecionalidad jurisdiccional. En un mismo sentido, se han pronunciado numerosos candidatos a ocupar bancas en el Congreso, con el claro objetivo de lograr votos de aquellos sectores más reaccionarios y menos reflexivos respecto de la problemática delictual general.
Ahora, hoy por hoy, los jóvenes de 16 y 17 años que incurren en delitos cuya pena privativa de la libertad supere los dos años, reciben dichas garantías. ¿Esto ha cambiado, para ellos, algo en el plano fáctico?¿Ha evitado que los jóvenes sean ubicados en instituciones totales bajo denominaciones distintas a la de “prisión”, hasta tanto alcancen la mayoría de edad? ¿Ha evitado que al cumplir los 18 años, estos jóvenes sean trasladados a instituciones carcelarias, con todo lo que ello implica? Las respuestas a todas estas preguntas son las que me conducen a pronunciarme en contra de toda privación de la libertad, bajo el argumento, fundamento, denominación y en la institución de que se trate, de toda persona, particularmente de los niños, niñas y adolescentes. En mi opinión, buscar mejorar la situación en la que se encuentran estos últimos, mediante una baja en la edad de imputabilidad, constituiría algo insoportablemente contrario al principio de progresividad de los derechos humanos: significaría atrasar el proceso aún más de lo que ya lo atrasa la normativa vigente, la cual –para variar- tuvo nacimiento en plena dictadura militar, en el año 1980[27]. No se puede, razonablemente, ir hacía un horizonte más oscuro que este que ya existe.
En resumen, hemos visto cómo la adopción de medidas tutelares o proteccionistas de la minoridad “… iba mucho más allá de meras reformas instrumentales en el control social de la juventud. Fue también un movimiento simbólico que parecía estar defendiendo la santidad de las instituciones fundamentales…”[28].
¿Podemos quedarnos tranquilos y aseverar que esa vieja realidad ha cambiado para mejor desde la aparición de la Convención de Derechos del Niño?
“Cuando usted se contenta con las ideas que se le han transmitido sobre el sistema penal y la prisión; cuando usted se encoge de hombros ante las noticias que, a pesar de todo, se filtran en algunos sueltos de prensa y contienen datos pavorosos sobre los problemas penitenciarios: encarcelamiento de adolescentes en celdas para incomunicados, suicidios de jóvenes, motines, violencias mortales entre presos; cuando aquellos que accionan la maquinaria y conocen sus desbarajustes bajan los brazos en señal de impotencia ante el mal que ella causa, sin renunciar a sus puestos, cuando esto sucede, es porque usted y ellos consienten de hecho en que subsistan la prisión y el sistema penal que conduce a ésta. ¿Acepta usted, verdaderamente, estar implicado en las actividades concretas que posibilitan esta situación?”Louk Hulsman y Jacqueline Bernat de Celis, Sistema penal y seguridad ciudadana: hacia una alternativa.
Siguiendo la línea de lo precedentemente sostenido en este trabajo, esta parte estará dedicada a clarificar y criticar ciertas cuestiones atinentes al origen y al carácter del delito; al modo en que se aplican las normas que prevén consecuencias jurídicas frente a la comisión de aquel, y a la finalidad que persiguen las consecuencias jurídicas propiamente dichas.
Zaffaroni explica cómo la inseguridad existencial da lugar a la angustia social, la cual “impulsa la búsqueda anárquica de responsables de la inseguridad, que se traduce en violencia contra los más dispares grupos y personas…”[29]. Se produce una retroalimentación de violencia difusa y angustia social, que alcanza a su punto cúlmine, se torna insoportable y es entonces el momento de encontrar el chivo expiatorio al cual se tendrá por fuente creadora de la inseguridad existencial. Es ahí, cuando la angustia se transforma en miedo y la sociedad se pone alerta a los posibles ataques del enemigo. Todo este proceso, denominado por el autor como “Masacre larvada”[30], prosigue con el etiquetamiento de ciertas personas como “desviadas”, la consecuente aplicación de la ley y culmina en la pena privativa de la libertad. Su finalidad política es conocida: lograr el control social. La vigilancia constante que lleva al auto-disciplinamiento ante la inminencia de poder estar siendo observado. Zaffaroni sostendrá que este modelo de manipulación social o gobernabilidad (él utiliza el término governance), da lugar a una simbiosis inestable de dictadura y democracia.
Los medios de comunicación revisten un papel cuasi-protagónico en este fenómeno de construcción del enemigo. No cesan de “sembrar peligrosas semillas de masacre”[31] y apelan a sus recursos discursivos para exacerbar la importancia y la gravedad de los hechos delictivos en los que pudieran verse involucrados niños, niñas o adolescentes de las características previamente descriptas. El joven varón, morocho, de clase baja representa el enemigo ideal en los tiempos que corren.
Sobre el origen del delito, Howard Becker sostuvo que las conductas tipificadas como delictivas no son de una cualidad intrínsecamente delictiva, sino que son aquellas que un determinado grupo social (dominante) indica como tales, y que son atribuidas a determinadas personas de manera selectiva, las cuales son –en consecuencia- etiquetadas como “desviados”.
En primer lugar, habría que explicar el proceso por el cual se decide qué conductas se considerarán delictivas, y cuáles no, sin pasar por alto la definición de quien está a cargo de este proceso de creación de normas o reglas. Este primer proceso, denominado por Zaffaroni “de criminalización primaria”, es llevado adelante por emprendedores morales. Estos emprendedores morales son personajes que pertenecen a la clase social dominante y que, por ende, tienen cierto dominio sobre la construcción del discurso que se ajusta y responde a sus intereses de clase. No obstante, señala Becker, que estos emprendedores morales delegan el proceso de creación legislativa en aquellos profesionales expertos en el tema sobre el cual se vaya a legislar. Estos profesionales, a su vez, realizarán su tarea de acuerdo a sus propios intereses corporativos. Podemos apreciar que, en definitiva, se trata de una cadena de intereses personales y corporativos, los que rigen procesos como el que nos ocupa. Al respecto se sotuvo que “Con el establecimiento de organismos de agentes de aplicación de la ley, la cruzada queda institucionalizada…”[32]. Esta cruzada contra el “desviado” está signada por la selectividad que apunta a perseguir los actos más toscos y fáciles de descubrir. No ahondaré en esta cuestión para evitar caer en explicaciones repetitivas e innecesarias acerca del proceso de etiquetamiento y persecución de las agencias ejecutivas, ya descripto páginas atrás.
A esta altura del análisis puede concluirse que, hoy por hoy, los niños, niñas y adolescentes se encuentran regidos por un sistema que les promete una igualdad ante la ley que no existe; que los considera sujetos de derechos y, entonces, los responsabiliza de sus actos –en el plano teórico- en las mismas condiciones y medida que lo hace respecto de un adulto; que se le aplica –en el plano práctico- cualitativamente la misma pena privativa de la libertad (sea que la escala penal fuere reducida, sea que se apele a eufemismos como “la disposición tutelar con internación”, cuando el hecho no le sea imputable en razón de las reglas de la ley 22.278); y que dicha privación de la libertad arroja resultados lamentables, hipócritas y exitosos únicamente para quienes sacan provecho económico y político de su subsistencia, no veo otra alternativa que pronunciarme a favor de un abolicionismo penal radical.
El abolicionismo penal radical lucha por la eliminación del sistema penal en su totalidad, en resumidas cuentas, porque sostiene que hay que hacer algo respecto de todas aquellas fallas que vemos y señalamos, de las cuales padece del mismo. Hacer lo contrario, sería reproducir discursos legitimantes que se quedan a mitad del camino[33]. Tal como lo plantea Alberto Bovino, este movimiento teórico comparte la “fotografía de los sistemas penales” que arroja la teoría criminológica de la reacción social, la cual ya fue descripta acabadamente a lo largo de este trabajo, no obstante lo cual, considero necesario señalar algunas características que hayan quedado en el aire, tales como:
i)Que el sistema penal propone la misma consecuencia jurídico-penal para cualquier hecho: el encierro;
ii) Que su funcionamiento carece de coherencia, ya que las distintas agencias que lo componen funcionan de manera aislada y orientada a su propio interés particular: no hay un trabajo en conjunto orientado a un único fin;
iii)Que existe una mirada simplista o reduccionista respecto de los conflictos, que lleva a que se los considere dentro de la categoría de “delito” a todos por igual[34], sin analizar el contexto dentro del cual tuvieron lugar. Esto explica el por qué de la característica“i)”;
iv)La conservación de los dos pilares sobre el cual se sostuvo el modelo de enjuiciamiento criminal inquisitivo, a saber: la persecución penal pública, como consecuencia de la “expropiación del conflicto”[35] producida a partir del siglo XII, por el cual se da lugar al fenómeno de inclusión-exclusión de la víctima en el proceso penal[36]; y la búsqueda de la verdad histórica como objeto de dicho proceso. Respecto de la necesidad de escuchar a la víctima, este ejercicio permitiría pensar los hechos que hoy se encuadran en la rígida categoría de “delito”, como si se trataran de conflictos entre dos partes (que es lo que, en definitiva, son). Como consecuencia de este cambio en la percepción de lo acontecido, podría pensarse en soluciones alternativas a la prisión, que se ajusten a lo que la víctima desea obtener para recomponer su situación[37]. Esto repercute en el objeto del proceso, ya que si se devolviera el conflicto a las personas realmente implicadas en el mismo, nos encontraríamos con que aquel (de naturaleza no penal o no punitiva), pasaría a ser la búsqueda de una solución real ajustada a los intereses reales de las partes.
A estos planteos se les han opuesto críticas de lo más variadas, a saber:
i)Que las garantías en el proceso penal caerían en desuso, y los victimarios estarían desprotegidos en el marco de un proceso alternativo al penal.
A esta preocupación corresponde aplacarla dejando en claro que, si apelamos a sistemas alternativos de búsqueda de resolución de conflictos, su legitimidad vendría dada por otros mecanismos de control de la viabilidad de las soluciones a las que lleguen las partes. Esta conservación estatal del poder de controlar que las soluciones arribadas no sean crueles o abusivas para una de las partes es propuesta por Alberto Bovino, aunque desestimada por Nils Christie. Por otra parte, Bovino sostiene que la mera enunciación de una garantía no “garantiza” necesariamente su efectivo cumplimiento (una idea que, palabras más, palabras menos expuse páginas atrás al hablar sobre la baja de imputabilidad). Por último, este autor sostiene un argumento muy lógico: las garantías le son reconocidas a los imputados en procesos penales, para ser opuestos al accionar arbitrario estatal. Si desde el abolicionismo se plantea la posibilidad de sustituir el sistema penal por uno alternativo, en el cual la intervención del Estado sea mínima en vez de preponderante, y no se busque la solución de todos los conflictos de la manera que al Estado le parece adecuada, algunas de las garantías que conocemos no serían del todo necesarias[38].
ii) Segunda cuestión, ¿qué pasaría con los delitos más graves?
A esta pregunta, debe responderse que son escasos los casos de delitos graves, perpetrados por niños, niñas o adolescentes. Los hechos en los que estos intervienen, constituyen el menor porcentaje sobre el total, y dentro de ese porcentaje, son los de menor gravedad. Por otra parte, se ha llegado a sostener que la eliminación del sistema penal nos haría regresar a las épocas en las que los conflictos eran solucionados mediante el ejercicio de la venganza privada, ya que no habría Estado que funcione como intermediario (¿o debería decirse personaje principal?) entre víctima y victimario. Por último, Bovino aclara que no se debe creer que los abolicionistas rechazan toda medida coercitiva o la mismísima idea de la responsabilidad personal por un hecho, sino que “Habría que considerar en qué condiciones ciertos apremios como el encierro, la residencia obligatoria, la obligación de reparar y de restituir, tienen la posibilidad de desempeñar un papel de reactivación pacífica del tejido social”[39].
Volviendo a la temática de minoridad, todos estos desperfectos descriptos, nos permitirían sostener la necesidad de detener la aplicación de regímenes de encierro, bajo el eufemismo o intención de que se trate, tanto a aquellos niños menores de 16 años de edad que quedan atrapados en un sistema penal paralelo signado por el paradigma “tutelar”, como de aquellos de 16 o 17 años a los cuales se les imputan hechos punibles conforme a la ley. Si bien a estos últimos se los traslada a las unidades penitenciarias propiamente dichas, recién al cumplir la mayoría de edad, eso no quita lo reprobable de dicha “solución”.
Vivimos inmersos en una cultura capitalista de consumo, que con la ayuda de infaltables colaboradores nos imponen sueños, objetivos de vida; definen qué se entenderá por éxito; nos dicen qué pensar y qué sentir frente a determinadas cuestiones, cómo vestirnos y cómo hablar. Crean un enemigo público, lo describen para que lo reconozcamos fácilmente y de ese modo se pueda proceder a su inmediata destrucción. Casualmente, el enemigo público será aquel que no haya satisfecho exitosamente los cánones de normalidad y apreciación establecidos por dicha cultura, y sobre él caerá (sin piedad alguna) la ley. Es decir, lo señalará y castigará, sin sentarse a contemplar su historia pasada, ni su presente, ni mucho menos, su futuro.
Vivimos inmersos en una cultura del castigo fácil. Descontextualizamos los conflictos, en parte, porque “La modernidad significa, en una gran medida, vivir entre gente que no conocemos y que nunca llegaremos a conocer”[40]. Al dogmatismo jurídico-penal no le importa conocer las circunstancias que rodean a cada caso, incluidas las relaciones de poder cruzadas que se presentan como determinantes para la subsistencia de esta cultura del castigo.
Es una iniciativa de carácter urgente, la que debemos tomar respecto del análisis de la cuestión de la delincuencia juvenil, que descarte la realidad virtual en la que estamos sumergidos, como primer gran paso para salir del pozo en el que nos encontramos.
Tal vez valga la pena hacer que la conciencia social sea capaz de sostener, algún día, que la abolición de los mecanismos represivos de control social tanto de menores como de adultos, es el próximo paso a dar. Para ello habrá de librarse una batalla cultural larga y complicada, pero en absoluto imposible.

[1] Abogada (UBA).
[2] Platt, Anthony, Los “Salvadores del niño” o la invención de la delincuencia”, México, Siglo XXI, 2006, p. 21.
[3] Ibíd., Ver p. 94.
[4] Ibíd., p. 83.
[5] Ibíd., p. 93.
[6] Winnicott, D. W., El niño y el mundo externo, Buenos Aires, Horme – Paidós, 2009, ps. 188/9.
[7] Ibíd.
[8] Ibíd., p. 190. Me parece un tanto polémico que se haga referencia a personas menores de edad en términos de “éxitos” y “fracasos”, y aún más polémico, que los “éxitos” se relacionen con una presunta conversión en “ciudadanos”.
[9] Mollo, Juan Pablo, Psicoanálisis y criminología, Buenos Aires, Paidós, 2010, ps. 144/5.
[10] Mollo, Juan Pablo, op. cit., p. 148.
[11] Ibíd., p. 151.
[12] Evito el tener que nombrar a todas y cada una de sus voces autorizadas porque, en general, todos los autores comparten la misma esencia discursiva y argumentativa: los síntomas delincuenciales como manifestaciones de patologías severas en la estructura del yo. ¿Quién habría de luchar contra un discurso tan técnico y específico, que sólo puede ser comprendido y aplicado en la práctica, por aquellos mismos que lo crearon?
[13] Winnicott, D.W., op. cit., p. 191.
[14] Becker, Howard, Outsiders – 1ª ed. 1ª reimp.- Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2010, p. 33. En palabras textuales: “La desviación no es una cualidad intrínseca al comportamiento en sí, sino la interacción entre la persona que actúa y aquellos que responden a su accionar”, p. 34.
[15] Zaffaroni, Alagia, Slokar, Derecho Penal Parte General, Buenos Aires, Ediar, 2002, p. 10.
[16] Becker, op. cit., ps. 52/53.
[17] Para este autor, “La humanidad no representa una evolución hacia algo mejor, o más fuerte, o más alto, al modo como hoy se cree eso. El ‘progreso’ es meramente una idea moderna, es decir, una idea falsa.” – Nietzsche, Friedrich, El Anticristo, 1ª ed., Buenos Aires, Alianza, 2008, p. 33. Este planteo aparece ampliado en la nota al pie número 10, en la página 127 del mismo libro: “Las ideas modernas como ideas falsas: ‘libertad’, ‘derechos iguales’, ‘humanitarismo’, (…) ‘el pueblo’, (…) ‘democracia’ (…) ‘educación popular’, ‘progreso’…”.
[18] Sobre la relatividad del concepto de “justicia”, ver Christie, Nils, Una sensata cantidad de delito – 1ªed., Buenos Aires, Del Puerto, 2004, p. 123-127.
[19] En este sentido, no queda claro qué tipo de proceso de iluminación sufre una persona, que hace que comprenda mejor la criminalidad de su conducta cuando tiene 16 años, que cuando tiene 15 años y 364 días, 23 horas y 59 minutos.
[20] Becker, op. cit., p. 56.
[21] Ver Merton, Robert K., Teoría y estructura sociales, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
[22] Marx, Karl y Engels, Federico, El manifiesto comunista, Buenos Aires, Ed. Polémica, 1971.
[23] Causa “Acosta, Jorge Martín”, Nro. 3680, resuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 15, el 15 de marzo de 2012.
[24] Causa “Barrios, Damián Jorge”, Nro. 3772, resuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 15, el 24 de octubre del 2012.En el mismo sentido se pronuncia el juez Rodrigo Morabito, de Catamarca, en el fallo “S.F.L. (16) S/ IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS TUTELARES”, resuelta el 8 de julio de 2013. Disponible en: http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2013/07/sentencia-s.f.l.-.pdf. Nota publicada en Página 12, disponible: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-224065-2013-07-09.html
[25] Comunicado disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_11_13_esp.pdf
[26] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-160973-2011-01-23.html y http://www.youtube.com/watch?v=G9o9g6I69bU
[27] En este sentido, ver la nota realizada por Página 12 a la Defensora General de la Nación , Stella Maris Martínez, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-229048-2013-09-15.html
[28] Platt, Anthony, op. cit., p. 95.
[29] Zaffaroni, Eugenio Raúl, Masacres: larvas y semillas. Lineamientos para un replanteo criminológico, Departamento de Derecho Penal y Criminología – Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Mayo de 2009.
[30] Explica: “Masacre larvada es toda señalización comunicacional de un chivo expiatorio que se agota en la pretensión de convertirlo en enemigo. Son semillas de genocidio que no son viables o van a dar en terreno no apto para su germinación, pero que con potencia germinadora y terreno fértil prenden como maleza venenosa y desembocan en masacres. Por ello, toda pretensión de creación de un enemigo siembra una semilla de masacre y nunca es posible prever su desarrollo y extensión…” – Ibíd.
[31] Zaffaroni, Eugenio Raúl, Masacres: larvas y semillas. Lineamientos para un replanteo criminológico, op. cit.
[32] Becker, Howard, op. cit., p. 175.
[33] Ver el prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni en El abolicionismo penal en América Latina: imaginación no punitiva y militancia – 1ª ed., Buenos Aires, Del Puerto, 2012 y Morris, Norval, El futuro de las prisiones, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2009.
[34] O es delito, o no lo es. “Este carácter binario del derecho penal influye tanto en la evaluación de los actos como en la evaluación de las personas, y esto lo hace un tipo de derecho que lleva a un cuadro simplista del hombre y de sus actos”, dice Nils Christie, citado por Alberto Bovino, La víctima como preocupación del abolicionismo penal, en De los delitos y de las víctimas, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1992, p. 271.
[35] A esta expropiación, Massimo Pavarini le agrega la “expropiación de sentido”, derivada de la profesionalización de los personajes intervinientes en el proceso penal, los cuales manejan un vocabulario y categorías técnicas ininteligibles para aquellas personas que no detenten ese saber, quienes deberán acudir a su asesoramiento suscitado un conflicto determinado, a los fines de desentrañar aquellos misteriosos significados.
[36] Para mayor profundización, ver Bovino, Alberto, Ingeniería de la verdad, procedimiento penal comparado. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/103184142/Ingenieria-de-la-verdad-por-Alberto-Bovino.
[37] Así, Alberto Bovino sostiene que “Distintas experiencias parecen haber demostrado que el solo hecho de prestar más atención a la víctima produce el resultado de que ésta considera inútil cualquier tipo de reacción punitiva.”, op. Cit., p. 274.
[38] Él pone como ejemplo, la parte final del artículo 18, C .N. sobre las condiciones en que deben estar las cárceles. Este artículo carecería de sentido, si las cárceles dejaran de existir.
[39] Alberto Bovino cita a Louk Hulsman, op. Cit., p. 278.
[40] Christie, Nils, op. Cit., p. 115.